Según los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Cornellà, a lo largo de los últimos seis meses, el consistorio ha impuesto un total de 816 sanciones a dueños de perros por incumplir la normativa vigente de la doble identificación censal (Ordenanza General de Convivencia Ciudadana, 2021), que obliga a censar a las mascotas con chip y prueba de ADN.
Desde la aplicación de esta normativa, el Ayuntamiento ha realizado varias campañas informativas sobre la ordenanza, destinadas a propietarios de animales, en colaboración con varias clínicas veterinarias de la ciudad. Sin embargo, según los resultados de la campaña de recogida de muestras de excrementos para la realización de pruebas de ADN, en más del 50% de los casos estas muestras pertenecían a perros que no están censados de manera adecuada, conforme a la normativa.
Esta campaña ha analizado varios excrementos de perros que no han sido recogidos por sus propietarios (y, por ende, estaban en la vía pública). El Ayuntamiento impulsa esta actuación una vez a la semana, en coordinación con la Guardia Urbana de Cornellà, en varios sectores de la ciudad, especialmente en aquellas zonas en las que se han registrado quejas ciudadanas o más incidencias de este tipo. La iniciativa también sirve para determinar en qué zonas de la ciudad es más habitual la presencia de deposiciones en la vía pública y en qué lugares se recogen muestras cuyos resultados del análisis de ADN no cumplen con la normativa vigente, de cara a organizar futuras campañas de información y concienciación.
La prueba de ADN permite reconocer rápidamente si una mascota está censada genéticamente, si las muestras coinciden con algún animal del censo. En caso negativo, según lo estipulado en la Ordenanza, el consistorio puede aplicar sanciones leves o graves, dependiendo de si se trata de una falta reincidente o bien si los excrementos se han encontrado en una zona altamente transitada (como parques o zonas de juego infantil).
Dependiendo del grado, las sanciones oscilan entre los 300 y los 1.500 euros, aunque las multas de tipo económico pueden sustituirse por trabajos sociales. Según el consistorio, esta medida se realiza para “actuar con contundencia ante comportamientos incívicos de la población, que perjudican a los propietarios y al resto de la ciudadanía”.
Según la reciente campaña de concienciación del Ayuntamiento, las personas que han adquirido perros recientemente sí cumplen con la normativa de la doble identificación censal, de modo que la mayoría de las sanciones se están aplicando a aquellos propietarios que ya tenían mascota antes de la entrada en vigor de la Ordenanza. En el censo figuran actualmente 3.448 perros genotipados, pero 1.368 de ellos han sido dados de alta en 2024 (uno de cada tres).
Para incentivar el seguimiento de esta normativa, varias clínicas veterinarias de la ciudad ofrecen una prueba de ADN necesaria para el registro por un precio fijo de 40 euros.
Otra de las medidas que aplica el Ayuntamiento para el bienestar de las mascotas es la creación de espacios específicos para perros. Con las recientes incorporaciones, Cornellà cuenta con una red de 15 parques caninos (correcanes) y espacios para perros, que suman un total de 13.000 metros cuadrados. Además, se destinan 150.000 euros al año en la limpieza y mantenimiento de los espacios, para asegurar un entorno seguro y limpio para las mascotas.