Este martes 29 de octubre, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha presentado el nuevo servicio metropolitano de motos eléctricas de uso compartido, que comenzarán a funcionar durante los próximos días en ocho municipios del entorno de Barcelona; entre ellos, L’Hospitalet, Esplugues, Sant Feliu y Sant Just Desvern.
Esta flota eléctrica, compuesta por casi 10.000 motos, estará regulada por el AMB, pero con titularidad y gestión privada. Durante los últimos meses, la entidad metropolitana ha realizado un concurso público para la licitación de este servicio en cada uno de los municipios. Antes de que termine el año, arrancarán por primera vez estas nuevas motos metropolitanas, que estarán estacionadas en el espacio público de los municipios adheridos a la red, para que la ciudadanía pueda escogerlas como alternativa sostenible de transporte urbano y metropolitano.
Este martes, el AMB ha celebrado un acto de presentación de este nuevo servicio, en la sede de la entidad, al que han asistido el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del AMB, Carlos Cordón. Junto a ellos, han acudido al evento los alcaldes de los municipios en los que se implantará este nuevo servicio, así como representantes de las empresas propietarias y operadoras.
Según ha explicado Cordón en el acto de presentación, “se trata de la regulación más grande de toda Europa”. La llegada de este nuevo servicio supone “un paso de gigante” en la lucha por “ampliar y facilitar las opciones de movilidad sostenible a la ciudadanía” de los municipios metropolitanos. Una actuación en consonancia con uno de los objetivos principales del AMB, “mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, ofreciendo alternativas más limpias”, según ha recordado Cordón en su intervención.
El vicepresidente ha aprovechado la asistencia de los líderes de los Ayuntamientos colaboradores para agradecer su papel en este proceso. Según Cordón, este nuevo servicio es fruto del “éxito de colaboración entre las distintas administraciones públicas implicadas”, a raíz de que ocho municipios del territorio hayan “delegado competencias en el AMB”.
Según la resolución de la primera convocatoria del concurso, el AMB ha otorgado las licencias de gestión a cinco empresas, Hori Rides, SL (que tiene la titularidad de 2.050 motos), Yego Urban Mobility, SL (2.050), Cooltra Motosharing, SLU (1.950), Go Sharing, BV (1.950) y Acciona Mobility, SA (1.950 motos).
Estas licencias tienen una vigencia de dos años, que podrán prolongarse un máximo de dos años, con revisiones periódicas de los vehículos asociados a cada licencia. Además, las empresas operadoras están sujetas a una tasa metropolitana de 45 euros por vehículo y año, impuesta por el AMB, para financiar la gestión anual de la misma, así como a tasas del aprovechamiento del espacio público de cada municipio (para la instalación de las infraestructuras de estacionamiento), que dependerán de las ordenanzas municipales de los Ayuntamientos.
A partir del miércoles 30 de octubre, las empresas operadoras disponen de 40 días naturales para hacer todo el despliegue del servicio en los ocho municipios. Según ha explicado el AMB, las empresas tienen que ofrecer este servicio obligatoriamente en unas zonas delimitadas de cobertura mínima, pero también se han establecido zonas con restricciones (en las que solo se podrá estacionar las motos bajo determinadas condiciones) y zonas de estacionamiento prohibido. Estas delimitaciones están, en la mayoría de casos, recogidas en las propias ordenanzas municipales de cada Ayuntamiento.
Cada una de las empresas dispondrá de su propia aplicación para gestionar el servicio y sus propias tarifas. Sin embargo, sí podrá consultarse a través de las aplicaciones AMB Mobilitat y SMOU la disponibilidad de las 9.500 motos del servicio. Así pues, el AMB regula el uso de los vehículos y el mantenimiento del espacio público, y tanto las motos como los cascos lucirán una identificación metropolitana (con el logo del AMB), pero con los colores, tipografías y diseños propios de cada empresa.
El AMB ha creado una comisión técnica, integrada por miembros técnicos de los tres agentes implicados (el AMB, los ayuntamientos y las empresas operadoras), que se encargará de realizar un seguimiento periódico del despliegue de los vehículos en cada municipio. Esta comisión trabajará coordinadamente con las policías locales para asegurar que se hace un buen uso de la moto compartida, siguiendo el código de buenas prácticas de seguridad viaria del AMB.
Según esta normativa metropolitana, se contempla un régimen sancionador específico, que regula las posibles infracciones y su gravedad. Este régimen contempla la posibilidad de revocación y reasignación de las licencias, según las faltas que cometan las empresas operadoras actuales. En caso de reasignación, se seguirá el orden que se ha establecido en el sorteo del concurso para elegir una nueva empresa operadora.