El pleno municipal Sant Vicenç dels Horts aprobó, a finales del año pasado, una propuesta para transformar el antiguo cuartel de la Guardia Civil en una promoción de vivienda pública. Sin embargo, actualmente residen en este edificio 32 agentes y sus familiares, que se verían obligados a desalojar sus viviendas. La propuesta ha dado un paso más y ha llegado hasta el Congreso de los Diputados, a través del partido Sumar, que ha exigido la cesión a sus colegas del Gobierno.
El último Pleno municipal del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts, celebrado este lunes 27 de enero, ha sembrado la polémica entre las fuerzas políticas del municipio. La sesión ha aprobado una propuesta de resolución que, entre otros puntos, incluye la “negociación” con el Ministerio de Interior para lograr la “cesión de los pisos del antiguo cuartel de la Guardia Civil “para incorporarlos en el parque de vivienda pública de alquiler protegido”.
Sin embargo, estos inmuebles ya tienen inquilinos: de las 36 viviendas del cuartel, el 90% están ocupadas por los mismos Guardias Civiles. Y es que la cesión de esta propiedad para su uso público conllevaría necesariamente el desalojo de 32 familias de agentes de la Guardia Civil.
Ya en el mes de octubre de 2024, el equipo de gobierno de Sant Vicenç (PSC + En Comú Podem) llevó esta misma propuesta al Pleno, que salió adelante gracias al voto a favor de la coalición Junts x Sant Vicenç. Ahora bien, a pesar de la luz verde — y para ‘suerte’ de los partidos de la oposición municipal—, la situación se había quedado paralizada. Hasta ahora, tras un giro insólito en la política española.
Este mismo lunes 27 de enero, los propios socios del Gobierno de España han decidido elevar esta cuestión hasta el ámbito nacional, saltándose incluso el autonómico, según ha informado OK Diario. Sumar —un partido con fuerte presencia en el Gobierno central y cuya fundadora, Yolanda Díaz, es vicepresidenta segunda— ha tomado las riendas para trasladar la cuestión hasta el Congreso de los Diputados. La formación ha exigido al Ejecutivo la entrega de estos terrenos para la creación de “vivienda social”, una proposición que el Boletín Oficial de las Cortes Generales ya ha publicado este mismo lunes 27 de enero.
La formación magenta ha reconocido que estas viviendas ya están ocupadas por 32 familias de Guardias Civiles, y ha admitido que “se verán forzados a abandonar Sant Vicenç”, pero se ha sacado varios ‘ases’ de la manga para defender firmemente la petición. El partido ha argumentado que el terreno cuenta con “un suelo edificable muy superior a la densidad actual del espacio”, que podría aprovecharse “mucho mejor” para construir muchas más viviendas de las que tiene actualmente.
Además, Sumar ha asegurado que desde el Gobierno central “se está trabajando para ofrecer una alternativa de alojamiento para los agentes que residen con sus familias” en el antiguo cuartel. Concretamente, la formación se ha apoyado en la Comandancia de la Guardia Civil, en Sant Andreu de la Barca, “una caserna más grande” que se encuentra “a pocos kilómetros de Sant Vicenç”.
Otro de los argumentos que ha lanzado Sumar en la Cámara Baja es el “problema de la vivienda”, que aunque ya está “generalizado en todo el país”, “afecta de manera más significativa a la población de Sant Vicenç, especialmente a los jóvenes”. Para fundamentar esta explicación, la formación se ha basado en los últimos datos económicos del Baix Llobregat, alegando que “Sant Vicenç es el municipio con menor renta per cápita de la comarca y uno de los pueblos con más paro”.