El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido a trámite un recurso de casación presentado por la familia Farràs que deja en manos del Tribunal Supremo (TS) el derribo de 12 naves industriales ilegales construidas en Sant Esteve Sesrovires. El alto tribunal deberá dirimir entre derribar las construcciones –como defienden los legítimos propietarios de los terrenos- o compensarlos con una cuantiosa indemnización económica de la que debería hacerse cargo las arcas municipales.
La admisión del recurso de casación –mediante el auto datado el 24 de noviembre del año pasado– pone en entredicho una sentencia del propio TSJC en la que, a petición del consistorio local, se resolvía sustituir la demolición de las doce naves industriales (ubicadas en el Polígono Sesrovires) por una compensación económica “por los daño y perjuicios” derivados de mantener las construcciones en pie. Los afectados prefieren el derribo porque la indemnización tendría que sufragarse del bolsillo de sus propios convecinos, vía presupuesto municipal.
El litigio por las polémicas naves, propiedad de la familia Farras, comenzó en los años 90 del siglo pasado. En aquella década, los alcaldes Joan Galceran y Enric Carbonell concedieron unas licencias de obras ilegales para construir las 12 naves motivo del litigio a una tercera persona que no era la propietaria de los terrenos sin comprobar que, en efecto, estaban a nombre de la familia Farràs, una de las más antiguas del municipio.
Los legítimos propietarios denunciaron al ayuntamiento por conceder esta licencia y el Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 12 de Barcelona –en sentencia firme del 14 de mayo de 2010- declaró ilegales los permisos de construcción y ordenó el derribo de las doce naves.Se da la circunstancia de que, a día de hoy, las fincas todavía están pendientes de adjudicación en el proceso de reparcelación del Polígono Sesrovires.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires, con el objetivo de sortear la sentencia del año 2010 y no derruir las naves declaradas ilegales, ha formulado hasta cinco incidentes de inejecución de la referida sentencia firme. “Hasta hoy todos los incidentes planteados por el consistorio local han sido desestimados por Sentencias judiciales firmes”, ha asegurado Sergi Aymerich, abogado de las 14 ramas de la familia Farràs que son titulares de los terrenos.
El último incidente planteado por el Ayuntamiento en 2019, también fue desestimado por el Juzgado de lo contencioso-administrativo n.º 12 de Barcelona en febrero de 2020. Pero el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires formuló recurso de apelación contra este auto ante el TSJC, que finalmente paralizó la demolición y aceptó sustituirla por una indemnización.De hecho, el tribunal incluso fijó que el alcalde pagara una multa diaria de 150 euros hasta que se hiciera efectiv el pago de una indemnización de 4,6 millones de euros..Sin embargo, al final esta sanción también acabó anulada.
Pero esta última decisión del TSJC no ha sido del agrado de los legítimos propietarios, quienes pretenden “que se cumplan las sentencias judiciales y se derriben las doce naves ilegalmente edificadas”, ha insistido el letrado de la familia. La familia Farràs no quiere acabar reclamando “el pago de esta indemnización millonaria porque quién lo tendrá que pagar es el ayuntamiento”, es decir los vecinos, argumenta Aymerich.
Sergi Aymerich ha desmentido que las sucesivas denuncias y recursos, que han elevado el caso hasta el Tribunal Supremo, ho hay un afán de lucro por parte de los Farràs. “Si el interés fuera económico no se habría presentado el recurso de casación y ya se habría reclamado la indemnización económica al ayuntamiento”, ha asegurado el abogado.
Pese a que el litigio se ha puesto al equipo de gobierno municipal “en un callejón sin salida”, según el abogado de la familia Farràs, los perjudicados todavía confían en que la situación “se pueda reconducir con diálogo” que es lo mismo que vienen reclamando “sin éxito” desde hace tantos años.
Aymerich se ha mostrado contrariado por la forma de actuar del equipo de gobierno municipal liderado por Joan Galceran y Enric Carbonell. “No acabamos de entender la forma que el ayuntamiento tiene de velar por los intereses del municipio y sus ciudadanos cuando prefiriere pagar una indemnización económica antes que cumplir una sentencia judicial firme”, ha reconocido el abogado.