La ley permite eludir el abuso y el monopolio funerario en los traslados de restos

La sentencia de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco), en diciembre de 2014, representó un punto y aparte en la hegemonía funeraria que unos pocos siguen disfrutando a costa de los ciudadanos; de los vivos y de los que dejan de estarlo. Las cinco sanciones -que ascendían a un total de 1,7 millones- del organismo de la Generalitat a empresas como Áltima Serveis Funeraris, al Ajuntament de L’Hospitalet y a otros organismos gestores de los hospitales de Bellvitge, el Duran y Reynals y el General de la ciudad no representaron la solución a un monopolio que continúa en el Baix Llobregat, pero, no obstante, sí permitió visualizar una realidad silenciada hasta el momento.

Eludir el alto precio
Con la multa de la Acco, las denuncias ciudadanas –ahora sí- están consiguiendo dar un giro a la situación, según hemos podido saber, con más información que antes y con unos precios que pese a seguir siendo abusivos, se han controlado, en parte, también, por la labor de una entidad que nace en nuestro territorio y que ya ofrece su ayuda a afectados en toda España. Se trata de la Asociación contra los Abusos Funerarios, que lidera José Luis Manzano, figura que a través de la asociación centraliza las quejas y las denuncias contra un sector que sigue beneficiándose de la falta de competencia y de las especificaciones de sus productos y servicios, como ya publicó esta cabecera en enero de este año con el reportaje ‘Rip al monopolio funerario’. Un abuso que se da tanto en el momento del deceso de una persona como años después, en una cuestión tan concreta como el traslado de restos.

Si ya la burocracia suele ser farragosa en muchas situaciones de la vida, en este campo peculiar, en el que no estamos acostumbrados a hacer trámites, la falta de información o el desconocimiento es de por sí una fragilidad que puede conducir al cliente a quedarse sin alternativa al elevado coste que le plantea la empresa encargada de las gestiones. Ocurre que en nuestro territorio, gran parte de los cementerios de las ciudades están en manos de la empresa Nomber, del grupo Áltima, que se encarga, como decimos, de la gestión de estos equipamientos que, pese a ser propiedad pública, se privatiza su gestión. De entrada, parece evidente que ante la voluntad explícita de vender su producto, la información que se ofrezca no sea completa. Por ello, los ciudadanos que aborden esta situación de querer trasladar restos cadavéricos –restos de personas fallecidas hace cinco años o más- han de saber que según el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria tienen una alternativa al elevado precio que fijan las compañías privadas de servicios funerarios que, en muchos casos, pasan de los mil euros, pese a que, según la normativa, solo es necesario pagar la tasa municipal y el permiso del Departament de Salut de la Generalitat, que tiene un precio simbólico. De hecho, ni la urna pide que sea homologada; mientras que sea impermeable y estanca, cualquier caja de algunos de los centros comerciales del territorio sirve.

En este caso, el precio final dependerá de la fiscalidad de cada Ayuntamiento, aunque en el peor de los casos, será de unos 150 euros; eso sí, más la caja donde se introducirán los restos y el transporte. Ambas cuestiones irán a cargo del cliente. Lurdes Oliveras, responsable de la unidad de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Castelldefels, lo resume a la perfección: “Si un ciudadano tiene que hacer el traslado de restos y nos llama, nosotros le decimos: hay dos opciones, a través del tanatorio o por medios propios. Si lo hace con el tanatorio (es decir a través de la empresa privada Áltima, en el caso de Castelldefels) usted se olvida de todo, solo ha de hacer un trámite con la Generalitat que en muchos casos lo hace el propio tanatorio; pero todo esto tiene un coste. Si lo hace con medios propios, nosotros le ayudaremos, le acompañaremos y le llevaremos, digamos, de la mano para que la tramitación sea más fácil, pero el traslado físico lo tendrá que hacer usted. Hay mucha gente que de entrada dice no porque le genera rechazo y paga lo que cueste con un servicio funerario. En cambio, hay gente que prefiere, por una decena parte, hacerlo con medios propios”.

Castelldefels, ejemplo
Es precisamente por esto por lo que destaca la ciudad más meridional de la comarca, por ofrecer sencillamente estas dos opciones que actualmente el reglamento ofrece. Información y transparencia ante una cuestión que compete a los entes locales y que, por tanto, aunque se delegue en la gestión privada se debe mantener el carácter de servicio público.

En este sentido, Castelldefels no ha cedido la titularidad pública del cementerio y, por tanto, su gestión depende directamente de ellos, a diferencia de la gran mayoría de municipios del territorio: “El tanatorio es de Áltima, pero el cementerio es de titularidad pública y lo gestionamos nosotros, por tanto, tenemos toda la capacidad de maniobra a diferencia del resto de municipios que es muy limitada”, dice Oliveras. Una estructura que el actual teniente de alcalde responsable de Salud, Consumo e Igualdad, Alejandro Company, no duda en recomendar: “Se tendría que evaluar todo pero lo recomiendo por supuesto. Esto va en el sentido de todo lo que se privatiza. Es un servicio mínimo que tenemos que ofrecer como municipio y a partir de aquí, como en salud, si la gente quiere tener una mutua en lugar de ir a la Seguridad Social…”.

Con esta estructura, actualmente, el traslado de cadáveres cuesta 55 euros dentro del cementerio y 35 euros si se traslada a otra ciudad, que se trata estrictamente de gastos de gestión. En este sentido, en nuestra comarca los precios municipales van desde estos 35 euros en el caso de Castelldefels a 135 en el caso de Viladecans, donde también es posible, con la entrega del certificado del Departament de Salut, trasladar el cuerpo por cuenta propia. Según José Luis Manzano, responsable de la Asociación contra los Abusos Funerarios, “Castelldefels es el modelo a seguir, los ciudadanos están muy bien informados (en este caso por Yolanda Maraleda, de la administración de la Unidad de Salud y Consumo), dan un folleto tipo cuartilla y con unas indicaciones el ciudadano puede realizar la gestión él mismo y por 35 euros. En Gavà, lo controla el mismo ayuntamiento pero la responsable se sorprendió cuando supo que el traslado de restos lo puede hacer cualquier persona; claro, lleva años pasando el negocio a la funeraria local, que cobra 1.200 euros, poniendo ‘tramitación expediente’. En el caso de que se llame a otra funeraria, por ejemplo Mémora, dicen que este cementerio lo lleva Áltima. Por ello, ya advertimos a la ciudad de poner una denunciar al Fiscal, por prevaricación de funcionario público. Dos meses después ya están elaborando la información y medio informando”, explica Manzano que destaca la buena voluntad del responsable del cementerio de Sant Boi, así como la gestión de Cornellà, frente a otros municipios como Begues, Sant Climent o Viladecans, en donde este año la familia de Dori Losada vivió “un calvario” con Nomber para trasladar a su marido, don Cesareo Alvar Nogueira, fallecido el 06 de diciembre de 1986, al pequeño pueblo de Corporales (Truchas), en León.

Cuatro denuncias
Los hechos empiezan a principios de este año cuando Dori Losada, de 58 años, decide de una vez trasladar los restos de su marido, enterrado en el cementerio de Viladecans. “Una vez ya había preguntado por el precio y el responsable de toda la vida del cementerio me dijo que unos 900 euros. Dije, caray. Y deje el tema. Pero en marzo ya decidí llevármelo y me dijo, entonces, que eran 1.200 euros. La otra opción, me dijo, es que si no quieres pagar los 1.200 euros, podías darnos el nicho y se queda una cosa por la otra”, denuncia Dori que no estaba dispuesta a conmutar el nicho tras pagar hace casi tres décadas 100.000 pesetas. “Antes de dárselo al Ayuntamiento se lo regalo a alguien o lo que sea, o lo vendo”, en donde según ella, el responsable le dijo que les haría pagar al comprador más de mil euros por el cambio de nombre. Así lo recoge una de las cuatro denuncias que la familia Losado llevó a la Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya: “La empresa que gestiona el cementerio nos amenaza si vendemos nuestro nicho a un particular con cobrarle al comprador mil y pico de euros por el cambio de nombre”. En el resto de denuncias se recoge: 1) “Nos manifiesta de forma verbal [sic] el precio de 1.200 euros por el traslado de restos de más de 5 años, no se sabe si con Iva o sin Iva. Es un abuso”; 2) Negativa a efectuar por escrito un presupuesto para su traslado” y 3) “El ciudadano no está bien informado y la empresa nos intenta manipular y permutar nuestro nicho por el traslado de restos”. Nicho que, según supieron después haciéndose pasar por un ciudadano más, vendían a más de 4.000 euros. Por su parte, Áltima negó con un comunicado personal a la atención de la Sra. Losada los cuatro puntos.

Sea como fuere, la ACC admitió los cuatro recursos aunque en el proceso de recepción de documentos probatorios, cayó la de la negativa a entregar un presupuesto, algo que, según la asociación, es imposible probar. Ahora, la Asociación de Abusos Funerarios está a la espera de una respuesta de la ACC, que podría abrir un expediente sancionador a Nomber, aunque esto requiere de un proceso que se dilata en el tiempo. En cualquier caso, finalmente, el traslado le costó a Dori Losada, según la factura, 145,20 euros, nada que ver con los 1.200 euros.

El valor de la palabra
En todo lo que explicamos, hay que matizar que no hay nada ilegal, ni mucho menos, por parte de las empresas funerarias, en este caso, la más común en el territorio: Áltima o Nomber. Según la ley el mercado se ha liberalizado y, por tanto, hay libre mercado. La realidad, no obstante, es que en el Baix Llobregat es excepcional que existan más de una compañía funeraria en un municipio.

Por tanto, la situación deriva en un monopolio en el cual cada compañía puede poner los precios que quiera. Lo que no es aceptable es la falta de transparencia y el oscurantismo existente en muchos casos, así como la falta de información, labor en la que los ayuntamientos deberían de incidir y cuidar, así como mantener mecanismos de control para que el servicio que se preste en los cementerios sea el adecuado. III