¿Aguas turbias o simplemente turbulentas?

Ada Colau se presentó a las elecciones municipales del año pasado con la promesa, entre otras, de municipalizar el agua que bebemos y con la que nos duchamos y cocinamos más de tres millones de personas en el área metropolitana. Cuando en julio accedió a la presidencia del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) tras pactar su formación, Barcelona en Comú, con PSC, ERC e ICV, Colau se comprometió en su primera intervención como superalcaldesa de nuestra comarca a impulsar una auditoría económica, financiera y jurídica para evaluar la situación de la sociedad mixta creada con Agbar en cuanto a su proceso de constitución y adjudicación del suministro de agua a 23 municipios, de los que buena parte son del Baix Llobregat, incluido L’Hospitalet. Han transcurrido diez meses desde aquella promesa de auditorías y transparencia y todavía estamos esperando.

Si la promesa de Colau presuponía que la gestión de las aguas en la metrópoli barcelonesa está turbia, el TSJC las ha agitado hasta convertirlas en turbulentas al anular la creación de la empresa mixta de Agbar con la AMB. Los socios de Colau en la AMB no han dicho esta boca es mía, ni tras el anuncio de transparencia para poner luz al proceso que ellos mismos habían pactado en la anterior legislatura, bajo la presidencia de Xavier Trias (CiU), ni ahora, cuando aquellos deseos de luz y taquígrafos se ralentizan hasta el extremo de que la oposición del PP les acusa de opacidad.

Para sorpresa de todos, ha tenido que ser un tribunal el que se ha adelantado y ha resuelto, antes que la auditoría de Colau, anular la creación de la empresa mixta con el 75% de Agbar, el 15% La Caixa (socios de Agbar) y el 15% restante en manos de la administración supramunicipal.

Brecha en la municipalización del agua
El TJSC ha fallado anular la creación de esa empresa atendiendo la denuncia de no haber mediado un concurso público. La sentencia ha sido recurrida por Agbar y en el periodo que medie su resolución en el Supremo, Colau abrirá, o no, el melón del debate sobre las posibilidades de crear un operador público del agua en la metrópoli barcelonesa, siguiendo los pasos de París o Berlín. La municipalización del agua abriría una brecha en el pacto con el PSC, encabezado por el vicepresidente de la AMB y alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, que aprobó hace casi cuatro años junto a CiU la constitución de la sociedad mixta ahora anulada judicialmente.

Agbar, a través de su consejero delegado, Angel Simón, alega que municipalizar el agua supondría una indemnización de entre 500 y 600 millones de euros por las inversiones realizadas por su empresa y que son los activos que ha aportado a la sociedad mixta público-privada. En cualquiera de los casos, lo que se tiene que evitar es que la solución que finalmente se adopte no tenga impacto en el recibo del agua que tenemos que pagar todos los consumidores y que ya contiene un exceso de impuestos y conceptos que lo hacen ininteligible incluso para los propios políticos. La idea de que el agua, como el aire, es un bien común de la naturaleza es tan antigua como el torso romano, pero su gestión en manos privadas acarrea costes de potabilización, distribución, etcétera. El agua, en toda España, es una competencia municipal. Una titularidad pública heredada de las responsabilidades naturales de los ayuntamientos, que surgen históricamente en el entorno de las milicias, cuando el ejército se limitaba a controlar el territorio concentrándose en dos elementos: el suelo y el agua. A juicio de Jesús Sánchez Lambás, abogado y catedrático de Derecho Empresarial y secretario fundador de Transparencia Internacional España, además de director de la Fundación Ortega-Marañón, “el agua está en el fundamento y esencia de los propios ayuntamientos”.

Por un modelo público-privado
En su participación en el espacio de debate de la Fundación Agbar, en Cornellà, Sánchez Lambás argumentó ante Angel Simón y Antonio Balmón que “en España tenemos pendiente aplicar el artículo 9 de la directiva europea Marco del Agua que nos obliga a que solo se repercuta en la tarifa los costes asociados al ciclo integral y no tasas, cánones, recargos, impuestos y el IVA de todos esos conceptos”.

Después de señalar que una de las soluciones pasa por emular los modelos británico, sueco, italiano o portugués de reducción de municipios frente a los más de 9.000 que existen en España, Sánchez Lambás rompió una lanza en favor de la gestión privada del agua: “Todos los sistemas que se construyen contra las leyes del mercado fracasan”.

Como no podía ser de otra manera, el invitado de Agbar defendió “un modelo de colaboración público-privada autorregulado en el que las administraciones se dediquen a hacer política, y las empresas, a buscar la productividad y la máxima eficiencia en su actividad”. “Esta transición debe suponer -a juicio de Sánchez Lambás- la creación de un organismo específico que supervise los distintos actores implicados en la gestión del agua y la supresión de entidades inoperantes como las confederaciones hidrográficas”. Para Sánchez Lambás, este modelo autorregulado de colaboración público-privada “es el más eficiente que podemos conseguir”. En este sentido, naturalmente destacó el modelo de Agbar, del que dijo que es “una referencia en el mundo en cuanto a la gestión del agua”.

A la política metropolitana ha llegado también el fenómeno de la vida líquida, concepto de Zygmunt Bauman, que parece haber mutado en una suerte de globalización del pensamiento líquido. Según el sociólogo polaco, la sociedad “moderna líquida” es aquella en la que “las condiciones de actuación de sus miembros cambian antes de que las formas de actuar se consoliden en unos hábitos y en unas rutinas”.

Como dijo Heráclito en el año 500 antes de Cristo, “todo fluye, nada permanece”. Seguro que Colau se lo explica a Balmón para que lo entienda mejor. O viceversa. III