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El PSC de LH y el valor de la ley democrática

martes 03 de mayo de 2016, 06:04h
Uno de los principios que más necesita nuestro país poner en valor es el cumplimiento de la ley. Es muy preocupante que diversas fuerzas políticas de ideologías diferentes defiendan un cumplimiento de las leyes a conveniencia, es decir, únicamente las que les convengan o que desde su criterio consideren justas.

Es básico que reconozcamos todos que toda ley democrática es legítima, y por tanto de obligado cumplimiento, nos guste o no, porque ha sido aprobada por representantes legítimamente escogidos y existen canales democráticos para cambiarla.

Los partidos políticos y las administraciones han de dar ejemplo, no únicamente porque es su obligación, sino porque es muy peligroso establecer en la sociedad la idea de que hay leyes injustas que se pueden cumplir a conveniencia, porque ese es el germen moral, por ejemplo, de la corrupción y el fraude fiscal.

Estamos acostumbrados a que independentistas y otros populistas apelen al incumplimiento de las leyes que consideran injustas, pero extraña más que lo haga el PSC. En el pasado pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet, El PSC votó contra el cumplimiento de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial cuyo artículo 56 dice las indicaciones escritas de las señales se expresarán al menos en el idioma español oficial del Estado y el Reglamento General de Circulación, donde en su artículo 138 indica que las indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los paneles de señalización de las vías públicas, e inscripciones, figurarán en idioma castellano y, además, en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía.

Lo curioso es que en poblaciones como Sant Joan Despí, el PSC sí que procura cumplir esta ley.
El incumplimiento de esta ley no sólo puede vulnerar derechos y sentar precedentes nocivos, sino permite la injusta situación de que haya ciudadanos informados que dejan de abonar sanciones porque alegan que la señal no está homologada, mientras otros ciudadanos que no disponen de esa información abonan religiosamente la multa, lo cual es una situación de agravio que afecta a todos los ciudadanos, independientemente de sus preferencias lingüísticas. III

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