Lo que acabamos de afirmar no siempre fue así; al contrario, el respeto a todo un conjunto de derechos ciudadanos es un logro reciente. Cada democracia occidental ha evolucionado a lo largo del tiempo, con resultados y logros democráticos, diferentes. Por ejemplo, en EEUU, en diciembre de 1955, una mujer negra de Montgomery (Alabama) pasó a la Historia como la primera dama de los derechos civiles. Rosa Parks, que viajaba en un autobús público, se negó a levantarse de su asiento y cedérselo a un hombre blanco; se negó a ocupar los últimos asientos del vehículo, tal como legalmente tenían asignados los negros.
Contravino una disposición legal y por ello fue a la cárcel. Una disposición legal hoy derogada y cuyo recuerdo repugna a las conciencias de la mayoría de norteamericanos. Y es que los derechos civiles, antes que con la legalidad, tienen que ver con el concepto de justicia y la dignidad de las personas.
Lo dicho viene a cuento de lo ocurrido en tantas y tantas poblaciones de toda Catalunya el pasado uno de octubre, día del referéndum sobre la independencia de Catalunya. Incidentes bochornosos ocurridos en L´Hospitalet, Gavà, Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires, entre otros municipios de una larga lista de poblaciones catalanas.
Incidentes que la comunicación del Estado oculta o ningunea, como si aún fuera posible ocultar las realidades, como si viviéramos en el siglo XIX, y los ciudadanos de todo el mundo no tuvieran información directa a través de Internet.
Uno de octubre de 2017: día en que el Gobierno de España evidenció su incapacidad para afrontar el conflicto político planteado desde el gobierno catalán. Día en que Mariano Rajoy dilapidó las razones históricas, legales y sociales que asisten al Estado para defender la unidad territorial. El debate sobre independencia sí o no ha sido trinchado por la incompetencia del gobierno del Partido Popular; ha quedado superado por el binomio derechos civiles sí o no.
¿Qué tipo de estado tenemos? ¿Quién nos gobierna? ¿Qué principios respeta? Son preguntas previas a cualquiera otra decisión. Ordenar a las fuerzas del Estado que carguen contra miles de personas que, pacíficamente, pretendían votar y ocupaban los centros de votación, es una vergüenza que, a no tardar mucho, confiamos sentirán millones de españoles; como actualmente sienten millones de estadounidenses por lo ocurrido con Rosa Parks hace 62 años.
Enviar a diez o veinte mil policías nacionales y Guardias Civiles a cargar contra dos millones de votantes evidencia una incompetencia mayúscula. ¿Qué esperaban encontrar? ¿Qué querían conseguir, más allá de lesionar a casi 900 personas? ¿Tanto desconocen la sociedad catalana? ¿Tan poco respeto tienen por la sociedad a la que sirven?
Han demostrado ser tan necios que han arruinado sus argumentos contra el movimiento independentista. Lo acaba de diagnosticar correctamente el exministro de exteriores, José Manuel García-Margallo: “(…) tras el 1 de octubre, el independentismo empieza a ganar a la opinión pública internacional”. Y es que, como escribía el pasado lunes Antoni Puigverd en su columna de La Vanguardia: “Es hora de elegir entre quienes reclaman derechos y quienes desenvainan porras”.
Si (
No(
