La situación en la que nos encontramos es suficientemente grave para que no sea aceptable que nos hagamos trampas al solitario. Conviene que hablemos claro.
Vaya por delante una primera consideración: cualquier gobernante, hoy, sea un alcalde, un presidente de la Generalitat o del Gobierno de España, tienen una responsabilidad nada envidiable. Un trabajo pendiente muy difícil de resolver. Todos ellos tienen nuestra comprensión ante las dificultades que han de afrontar.
Es un trabajo titánico: los medios escasean y las urgencias se agolpan. Precisamente por eso, como sociedad, hemos de estar alerta para reclamar eficiencia y seriedad. Más aun los medios de comunicación (que nos debemos a la decencia intelectual de señalar aquello que vemos, y consideramos denunciable).
La gravedad de la situación no deja margen para los tacticismos de partido o los objetivos ideológicos; es inaceptable el desprecio de recursos que hemos visto por parte de la Generalitat hacia el hospital de campaña que se le ofrecía por parte del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. Tampoco se pueden tolerar negocios inconfesables como la compra del Gobierno de España de un millón de hisopos, a un precio tres veces mayor del que cualquier ciudadano puede comprarlos por Internet. Debemos mostrar comprensión ante las dificultades; pero hemos de ser implacables en la exigencia de responsabilidades ante los abusos.
La demagogia campa por la política española. Muchos hablan de las ayudas a las empresas, pero pocas son las que han recibido soporte en forma de crédito. Desde el 14 de marzo al 28 de mayo, el Gobierno de España, ha dictado ciento nueve disposiciones con motivo del coronavirus (sumando decretos, órdenes y resoluciones); en el mismo periodo, la Generalitat, treinta y siete resoluciones. No está mal. Mucha letra y pocos euros.
La letra todo lo aguanta. Por ejemplo, puedes decretar la reapertura de centros escolares con 8 alumnos por clase. Y a la pregunta, ¿cómo se hace eso?, responder que cada centro es autónomo para organizarse. El problema, como decía Ignasi Riera (quien fue concejal y diputado del PSUC), es que “lo que no está en el presupuesto, no existe”: ¿de dónde salen los metros cuadrados para tener aulas con 8 alumnos?, ¿dónde están los maestros para atenderlas?
En el editorial del mes pasado escribíamos que Pedro Sánchez proponía reeditar unos “Pactos de la Moncloa”. Un mes después, ¿qué ha pasado?: el gobierno se ha obligado con Bildu a derogar la reforma laboral aprobada por Rajoy, lo que ha motivado que Antonio Garamendi (CEOE) se retire la mesa de “dialogo social”; observamos con preocupación, una crisis grave en la cúpula de la Guardia Civil; ERC y Ciudadanos se han alternado cada quince días, consintiendo o no las prórrogas del estado de alarma; Podemos ha propuesto y aprobado la renta mínima vital, denostada por el PP. Es decir: avanzamos en sentido contrario al anunciado.
Desacuerdos varios, acuerdos pocos.
La situación política, recuerda a la famosa escena de los hermanos Marx en “Una noche en la ópera”: (…) la parte contratante de la primera parte, será considerada como la parte contratante de la primera parte”. De risa, si no fuera para llorar.
Sobran letras, sobran palabras y faltan euros. Necesitamos menos charlatanes y más políticos eficientes; que hablen menos y hagan más. Que sepan encontrar soluciones. Viene al caso el aforismo del mundo jurídico: “abogados los hay de dos tipos, los que ante un problema, encuentran una solución; y los que ante un problema, son capaces de encontrar otro problema”. Necesitamos políticos que sepan encontrar soluciones, no que se enreden en discusiones sin final.
Los alcaldes, probablemente por estar más cerca de la población que representan, con medios muy parcos, son más eficientes que las grandes administraciones. Ya se sabía, pero la crisis presente, lo ha resaltado.
Para terminar, un ruego al mundo político de la comarca: acompañen su mejor capacidad de gestión con la capacidad para reconocer la paja no solo en ojo ajeno, si no también, en el propio. La crisis obliga a ello. III