El ritmo en la ciudad no para. El aumento de población y la concentración de oportunidades académicas y laborales ha aumentado exponencialmente el tamaño de las urbes en estos últimos años. Y, claro, a más gente, más pisos.
Esta expansión es insostenible y el medio ambiente lo está pagando caro. Vecinos, entidades ecologistas y otras agrupaciones llevan años advirtiendo que no se puede seguir así, El confinamiento domiciliario no ha hecho más que sacar a la luz el talón de Aquiles de las ciudades: los espacios verdes. Para la plataforma SOS Baix Llobregat i L’Hospitalet no queda otra: se debe hacer un parón y crear un proceso democrático, preguntar a los habitantes y elaborar una nueva forma sostenible de expansión.
Las secuelas del desarrollo urbanístico son muy visibles. Las ciudades han crecido demasiado y se enfrentan al grave problema del elevado precio de la vivienda y a muchas dificultades de movilidad y servicios públicos. Pero parece que la administración hace la vista gorda y sigue con la misma inercia que hace cuatro décadas.
La previsión de los próximos años es construir 150.000 pisos nuevos en la conurbación de Barcelona y “el Baix Llobregat es la zona más amenazada por esta sobreconstrucción”, afirma Jaume Grau, de SOS Baix i L’H, La entidad ecologista reclama que se defienda el poco territorio protegido y agrícola que aún resiste.
Para ello han propuesto una moratoria de dos años, un parón de todas las construcciones que afecten a los terrenos que sean sensibles medioambientalmente. La oportunidad que ha dejado la pandemia es única porque toda la actividad se ha frenado. Además, el covid-19 ha mostrado las debilidades de las ciudades, como la facilidad de transmisión del virus, y el confinamiento domiciliario ha puesto en evidencia las malas condiciones de vida que hay. “A la mínima que se ha podido salir, las personas han vuelto a la naturaleza en busca de espacios verdes que no hay en la ciudad” afirma Grau.
La dificultad como siempre se encuentra en la política. Desde el Área Metropolitana de Barcelona (AMB)están reescribiendo el Plan de Desarrollo Urbanístico Metropolitano (PDUM) pero con muy pocos cambios respecto al anterior. El AMB sostiene que previamente ha desarrollado un comentado proceso participativo al que califican de éxito. “No se le puede llamar participación a realizar cuatro encuentros puntuales” concluye Grau. Los políticos reconocen que el problema existe, pero no incluyen ninguna propuesta de solución en el PDUM ni se comprometen a cambiar la dinámica.
Desde los movimientos vecinales y ecologistas se está llegando a un límite. Un enorme colectivo de entidades ha anunciado que van a tramitar una iniciativa en el Parlament con propuestas sobre el nuevo modelo de crecimiento urbanístico. “La construcción contamina y empeora el cambio climático y ya no hay marcha atrás”, advierte Jaume Grau. Además, la actual situación del mercado inmobiliario deja claro que construir más pisos no soluciona los problemas de vivienda. Se necesitan otras soluciones para que el crecimiento urbano no sea a costa del ecosistema y la biodiversidad de la zona.
Aunque las entidades vecinales y ecologistas saben que están en la lucha de David contra Goliat hay motivos para el optimismo. En los últimos meses, los tribunales han anulado el Plan Director Urbanístico (PDU) Granvia-Llobregat de L’Hospitalet y el PDU Delta del Llobregat, de Sant Boi, Viladecans y Gavà. Tal vez se trate de una victoria efímera pero las asociaciones lo han celebrado como una ”gran victoria” y esperan que suponga un cambio de rumbo en el urbanismo y un freno al nuevo “boom” actual de la construcción. III
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