La pobreza ha remontado a lomos de la pandemia y ha agudizado problemáticas sociales que, si bien en diferente grado, afectan a un buen número de capitales europeas.
Una de las más acuciantes es el del acceso a la vivienda. La gentrificación y el crecimiento de las periferias urbanas se han unido a la crisis económica de 2008 y al colapso provocado por la Covid para situar el derecho a una vivienda digna en el centro del debate político.
Se trata de un fenómeno complejo y específicamente urbano que requiere de soluciones de diferente tipo, sobre todo cuando asistimos a sus expresiones más extremas, como la ocupación de viviendas y la proliferación de infraviviendas.
Por un lado, se hace de nuevo necesario apelar al recetario de las nuevas agendas urbanas, que reclaman tanto el incremento de recursos para la mejora de los parques de vivienda pública de venta y alquiler como el fomento de proyectos de rehabilitación, a ser posible bajo criterios de eficiencia energética. Al mismo tiempo, es imperioso buscar alianzas público-privadas para devolver al mercado los pisos vacíos que actualmente existen en nuestras ciudades a precios asequibles, una oferta inmobiliaria que debe ir dirigida de manera preferente a la población joven.
Es la conjunción de diversas medidas, por tanto, la mejor manera de atajar una problemática que, en última instancia, es hija de la brecha de la desigualdad. Será en la medida en que la ciudad, convertida de nuevo en el principal laboratorio de ideas para el futuro, sea objeto de la acción concertada de todas las administraciones y de estas con los agentes sociales y económicos que podremos culminar un proyecto de lo urbano a la altura de los retos actuales. Una ciudad entendida como un espacio de convivencia, cuidados y solidaridad. Una ciudad que, a partir de tales premisas, vuelva a ser la mayor barrera contra la erosión de la democracia. III
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