La Generalitat aboga por la conservación o al menos la reconstrucción de la estación de Renfe de Sant Feliu

La Directora General de Patrimonio Cultural de la Generalitat, Elsa Ibar, ha remitido sendas cartas dirigidas a la alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat Lidia Muñoz, y a la delegación de Urbanismo y Patrimonio de ADIF en Barcelona, en la que aboga por conservar la histórica estación de Renfe de Sant Feliu (afectada por el proyecto del soterramiento de las vías que en principio prevén su eliminación). Ibar matiza que, si no es posible la “conservación” del apeadero en su actual ubicación, al menos debería acometerse “la reconstrucción de este edificio.

La Dirección General de Patrimoni Cultural reconoce que la emblemática estación “no dispone de una protección específica desde el punto de vista cultural ni como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) ni como Bien Cultural de Interés Local”, que son las categorías que establece la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán.

No obstante, prosigue el argumentario de la Generalitat, el inmueble está considerado “como bien integrante del patrimonio cultural y como
tal está incluido en el Inventario del Patrimonio Cultural”. Esta inclusión supone que el edificio está documentado a efectos de registro, difusión y conocimiento, pero no ha estado objeto de declaración ni catalogación, aunque le reconoce “un interés histórico y arquitectónico para la población de Sant Feliu”.

Competencia del Estado

Sin embargo, Elsa Ibar defiende en su misiva que “se ha constatado que el edificio de la estación de Sant Feliu sí que tiene un interés patrimonial, por lo que se recomienda que la intervención que se realice (soterramiento), contemple su preservación, mediante los instrumentos legales y materiales que se puedan aplicar”. La Generalitat también recuerda que la estación pertenece a ADIF, un organismo dependiente de la Administración general del Estado, que es quien tiene las competencias respecto de los bienes integrantes del patrimonio histórico español adscritos a servicios públicos gestionados por la propia Administración del Estado.