El pleno municipal del mes de octubre ha aprobado la modificación de las ordenanzas fiscales con los votos a favor del equipo de Govern (PSC y C’s) y el voto en contra de la oposición (Fem Sant Andreu y Podem).
La alcaldesa de Sant Andreu de la Barca, Ana Alba, ha subrayado que “conscientes de la situación postcovid, el objetivo ha sido no incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos” y, al mismo tiempo, “mantener unos servicios de calidad”. Por otro lado, Alba ha instado a las administraciones supramunicipales a “asumir sus responsabilidades” y ha asegurado que “las cuentas se tienen que hacer con datos fiables”.
Por primera vez se prevé un recibo del Impost de Béns Immobles (IBI) diferenciado por el uso residencial, de vivienda, y las empresas o negocios. En el caso de las familias, el recibo de este impuesto, que es la principal fuente de ingresos del Ayuntamiento, se incrementará en un 3,6%, lo que representa entre 5 euros y 26 euros al año, en función del valor catastral de la vivienda. Esta actualización está muy por debajo del incremento previsto del IPC. Por otro lado, a las empresas con un valor catastral más alto, el impuesto se les incrementará un 10%.
El año que viene el Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) aumentarán en un 9,3% para las empresas que, fuera del sector industrial, facturen más de un millón de euros al año, fundamentalmente entidades bancarias y grandes superficies.
El Ayuntamiento prevé bonificaciones de hasta el 30% del recibo del Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) para las empresas que incrementen su plantilla de trabajadores con contrato indefinido. Además, se prevé también que haya bonificaciones por la instalación o promoción de energías renovables y de sostenibilidad.
Finalmente, otra medida destacada es el incremento del más del doble del recibo para la ocupación de vía pública de los cajeros automáticos, llegando a los 300 euros.
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