Desastre inminente. La ampliación de la ZEPA del Delta del Llobregat arruinará a los agricultores

La aprobación de sopetón e in extremis este martes por parte del Govern en funciones de la Generalitat de Cataluña de la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Delta del Llobregat ha caído como un mazazo entre los agricultores del Parc Agrari del Baix Llobregat porque afecta 2.300 hectáreas de cultivos de la que está considerada la despensa hortícola del área metropolitana de Barcelona. El gobierno minoritario de ERC ha desoído las decisiones del Parlament de Cataluña, que por dos veces ha rechazado por abrumadora mayoría la ampliación de la ZEPA. En respuesta a lo que podría definirse como una traición, el Institut Agrícola Sant Isidre, principal patronal del sector, ha exigido “la suspensión urgente y sine die de la ampliación de la ZEPA” para salvaguardar los intereses del sector, que con esta decisión se ve abocado a la ruina.

El plan del Govern supone además un cambio radical del concepto de la propia desembocadura del Llobregat, ya que el espacio pasa a denominarse Aiguamolls (humedales) del Delta del Llobregat. El Govern ha avanzado que su intención es definir una forma de gobernanza del espacio que incluya a agricultores y ayuntamientos, por lo que pospone la redacción del plan de gestión. No obstante, fuentes de la Generalitat han asegurado que la fórmula elegida se basará en los modelos del delta del río Po (Italia) del puerto de Róterdam (Países Bajos).

Uso de fitosanitarios

Para intentar ganarse a los agriculores, el Govern se ha sacado de la manga una reducción de las franjas que delimitan los Lugares de Interés Comunitario (LIC), donde el grado de restricciones ambientales es todavía más elevado y que no gusta a los ecologistas. La propuesta de ZEPA –que aumentará su extensión en un 157%- recoge que habrá zonas dedicadas a la agricultura, donde en principio aún no está prohibido por ley el uso de productos fitosanitarios.

Pero ni aún con esas. Los payeses del Delta no pasan por el aro. Es más. consideran que la decisión del Govern “un despropósito” y advierten a la clase política catalana que no están dispuestos a convertirse en “moneda de cambio” en la negociación de la gobernabilidad de Catalunya (el posible pacto entre ERC y PSC para investir a Salvador Illa como próximo President de la Generalitat) porque la ampliación de la ZEPA “condena a la ruina a un sector vital para el funcionamiento del área metropolitana de Barcelona”.

"En el peor momento"

El Institut Agrícola ha lamentado que la decisión política unilateral de ERC llega “en el peor momento” ya que tanto el gobierno catalán como las instituciones europeas (con un Colegio de Comisarios que no se nombrará hasta finales de año) están en plena transición. “Es una política de hechos consumados”, han subrayado desde el sector, con el agravante de que no cuenta con el respaldo político necesario” ni refleja el resultado arrojado por las urnas de las municipales del 28M del año pasado en las que hubo “un voto masivo a las fuerzas políticas contrarias a la ZEPA” en todo el territorio.

Los agricultores consideran la decisión de los republicanos una auténtica puñalada por la espalda, porque un gobierno en funciones “está facultado para despachar los asuntos ordinarios. Pero, bajo ningún concepto, debería dedicarse a acometer transformaciones profundas que supongan hipotecar el futuro cuando éstas no tienen marcha atrás sin ni tan siquiera tener los apoyos necesarios para poder hacerlo”, han denunciado.

Agenda impuesta sin rigor

El Institut Agrícola de Sant Isidre ha criticado que el Govern se ha aprovechado de que ostenta el poder autonómico y de la actual situación de forma ventajista “para imponer una agenda inaceptable de medidas sin el más mínimo rigor científico, técnico y económico. Sólo pura y dura ideología que ha salido claramente derrotada de las Elecciones al Parlamento Europeo del pasado 9 de junio”, ha criticado la patronal.

Los payeses del Delta del Llobregat también consideran que la ampliación de la ZEPA, ejecutada “con las peores artes”, atenta contra “la transparencia, las buenas prácticas administrativas y la igualdad de los ciudadanos ante la Ley”. La queja no está infundada ya que, hace dos años, que el territorio presentó alegaciones al proyecto gubernamental de ampliación de la ZEPA “que ni han sido contestadas. ¿Cómo puede ser aceptable que se apruebe una restricción a las actividades de la zona (que en la práctica equivalen a una prohibición) sin que se haya, al menos, una respuesta a las alegaciones efectuadas conforme a la normativa vigente?”, se preguntan los agricultores del Delta del Llobregat.

Decisión contraproducente

Los agricultores de Viladecans, Gavà y Sant Boi principalmente siguen defendiendo desde hace tres años la Comisión Europea remitió Carta de Emplazamiento de la Comisión Europea alertando del estado de abandono de las zonas naturales por falta de inversiones, “el Govern no ha sido capaz de rebatir con argumentos científicos los informes, notas de análisis y publicaciones realizadas tanto por el Institut Agrícola como por expertos independientes, laboratorios de investigación y centros públicos que mostraban hasta qué punto ampliar la ZEPA no sólo no es una solución a lo que la Comisión Europea pide en la Carta, sino que es contraproducente y coloca a Cataluña en un riesgo serio de expediente de infracción con una multa millonaria”, han recordado.

Las reclamaciones de los agricultores del Baix Llobregat –que piden que la zona deltaica pueda desarrollarse como un HUB agroalimentario que garantizaría la viabilidad de los cultivos– nada tienen que ver con los planes que la Conselleria d’Acció Climática tiene para el Delta y que descartan que se construya ninguna infraestructura en suelo agrícola. “El delta debe ser para producir alimentos, y para la biodiversidad, no para el asfalto", ha proclamado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

Incompatible con la actividad económica

Por su parte , la patronal AEBALL (adherida a Foment del Treball) ha mostrado su oposición a la ampliación de las ZEPA porque "paralizará las inversiones, el crecimiento y la promoción económica de la comarca además de suponer un grave perjuicio para el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias y viarias, así como la ampliación del aeropuerto". AEBALL ha reiterado que ampliar la zona de protección "es incompatible con cualquier actividad económica mínimamente tecnificada a causa de las restricciones que impone, sin que éstas tengan un impacto necesariamente negativo sobre la conservación ambiental, e implica renunciar a las inversiones en infraestructuras estratégicas y básicas para el desarrollo económico y social".