La Policía Local ha comenzado a utilizar cámaras corporales que permitirán a los agentes grabar sus actuaciones. La incorporación de estos dispositivos tecnológicos se enmarca en el impulso por parte del Ayuntamiento de la modernización del cuerpo, que también está empezando a implantar el uso de tabletas electrónicas y a realizar el control telemático de las zonas de carga y descarga de los vehículos.
Una docena de videocámaras personales ya están disponibles para ser asignadas a los agentes, que deben colocarlas, protegidas, sobre sus chalecos antibalas y que solo pueden utilizar cuando se den las circunstancias de riesgo concreto que establece la ley. El uso de estos dispositivos, cada vez más extendido en los cuerpos policiales, tiene el objetivo de mejorar la transparencia de su labor, ofrecer pruebas de posibles agresiones y reforzar las garantías de seguridad tanto para los agentes como para la ciudadanía. Asimismo, tal como ya se ha constatado en El Prat, contribuye a prevenir algunos tipos de incidentes o a reducir su intensidad. “Las cámaras tienen una función coercitiva importante y se han reducido mucho los incidentes contra policías”, asegura José Arenas, jefe accidental de la policía local.
Las videocámaras que se están utilizando graban imágenes de forma ininterrumpida que se borran automáticamente al cabo de un minuto. Es solo en el momento en que el agente implicado en un incidente presiona un botón que el dispositivo registra la actuación así como los momentos previos mediante un sistema de pregrabación. Estas imágenes se almacenan entonces en servidores municipales seguros y solo tienen acceso a ellas las personas autorizadas, que las visualizarán y elaborarán los informes pertinentes para valorar si se borran o bien se conservan para incorporarlas a una investigación policial o a un procedimiento judicial o administrativo vinculado a una infracción grave.
En el momento de activar la copia de las imágenes, salvo algunas situaciones en las que la legislación establece excepciones, el agente debe informar a la persona o personas implicadas en la intervención, que podrán ejercer sus derechos de acceso, cancelación u oposición a la captación de datos de carácter personal. La utilización de estos dispositivos está regulada por un protocolo elaborado por la Policía Local y ratificado por la Dirección General de Administración de Seguridad (DGAS).
Las primeras doce cámaras llegaron hace dos meses, pero está previsto incorporar más unidades, de manera que cada binomio de agentes disponga de una. De hecho, el conjunto de miembros del cuerpo ya ha recibido la formación para hacer uso de ellas.
La videovigilancia llega a los puntos calientes
Además de estos dispositivos personales, la Policía local dispondrá pronto de una nueva herramienta para reforzar la seguridad ciudadana. Ya se ha comenzado a instalar la fibra óptica que, próximamente, permitirá desplegar cámaras de videovigilancia en la vía pública. Este paso será la culminación de un proceso que comenzó hace un par de años con una recogida y análisis estadístico de datos de hechos delictivos e infracciones de civismo de los últimos cinco años, lo que ha resultado en un mapa de calor donde se identifican las zonas más sensibles del núcleo urbano. Con esta información, se ha propuesto la instalación, en vías principales y comerciales, de nuevos dispositivos.
Antes de que puedan entrar en funcionamiento, será necesaria para cada una de ellas una autorización de la Comisión de Videovigilancia, que deberá prorrogarse cada año teniendo en cuenta la posible evolución de las circunstancias que las justifican. Allí donde se ubiquen las cámaras se colocarán carteles donde se informará de su presencia así como de los derechos de las personas en relación a las imágenes grabadas. En este sentido, el Ayuntamiento será el responsable legal del tratamiento del material, que será borrado automáticamente en un plazo de 30 días si no es necesario como prueba de un hecho delictivo.
Notificaciones más ágiles y seguras
Las videocámaras son uno de los elementos más destacados en la estrategia municipal para modernizar el servicio policial, pero no el único. En la misma línea, y aún en fase de pruebas en entorno real, los agentes han comenzado a utilizar tabletas para la tramitación de denuncias. Con estos dispositivos electrónicos de bolsillo, que están conectados al Organismo de Gestión Tributaria, el procesamiento de datos cuando un agente tiene que notificar una infracción es más rápido y seguro que con el proceso tradicional, ya que se reducen y automatizan los trámites burocráticos y, además, es más sostenible, porque no se tiene que imprimir nada en papel. Una vez finalice el periodo de pruebas, con dos tabletas, se incorporarán más para que cada uno de los binomios operativos de policía disponga de un aparato.
A estos despliegues de nuevos dispositivos tecnológicos, hay que sumar que una parte del cuerpo policial ya dispone de un sistema de control telemático de las zonas de carga y descarga. Esto les permite identificar los vehículos que superan el tiempo de estacionamiento permitido o que no han iniciado sesión en la aplicación para móvil SPRO. Esta herramienta, a la que se ha adherido El Prat hace aproximadamente un mes, está destinada a profesionales del transporte de mercancías y sirve para unificar y mejorar la gestión y el estacionamiento en las plazas destinadas a la distribución urbana de mercancías (DUM).
La aplicación de seguridad ciudadana, 10 años activa
El cuerpo policial local ya está familiarizado con el uso de aplicaciones que lo conectan con la ciudadanía. Hace 10 años que comenzó a funcionar la de seguridad ciudadana, hoy disponible en seis idiomas, que permite a cualquier persona acceder rápidamente a servicios de emergencia, comunicar incidencias y recibir información útil, como la de afectaciones de tráfico, alertas por mal tiempo o consejos.
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