El pasado 13 de febrero, el presidente Pedro Sánchez visitó en Sant Boi la promoción de cuarenta viviendas de alquiler de protección oficial que el Incasòl construye en la zona del Saló Central. Las referencias al problema de la vivienda durante el acto (acompañaban al presidente la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, i l’Alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret) dejaron claro que nos encontramos ante el que seguramente es el mayor reto social de nuestro país en estos momentos.
La insuficiencia actual del parque inmobiliario, motivada por diferentes factores e inercias históricas, provoca que el derecho constitucionalmente reconocido de acceso a una vivienda digna sea poco menos que un imposible para no pocos sectores de la población. Una problemática que se hizo primero visible en las grandes capitales europeas pero que hace ya algunos años se ha extendido a las poblaciones medianas de las áreas metropolitanas. Sus consecuencias más inmediatas son la perpetuación de las desigualdades económicas y el comprometer los proyectos de vida de nuestros jóvenes.
Urge, por tanto, actuar. Más allá de la imperiosa necesidad de construir más vivienda pública en los próximos años, deben comenzar a aplicarse otras medidas urgentes, como la de regularizar el mercado de viviendas turísticas ilegales, frenar las operaciones claramente especulativas u ofrecer incentivos fiscales a los propietarios de viviendas vacías.
Sea como sea, es importante subrayar, como así hicieron todas las autoridades que visitaron Sant Boi el pasado 13 de febrero, que ese conjunto de medidas debe ir acompañado en todo momento de una sincera cooperación entre las diferentes administraciones. Esa colaboración institucional y ese compromiso colectivo son los mejores avales para afrontar con garantías un desafío mayúsculo que nos afecta a todos. Y también a las generaciones futuras. III
Si (
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