www.elllobregat.com

Naves industriales

31/05/2024@16:00:00
Dos hombres han sido detenidos en Begues por cultivar plantaciones de marihuana en dos naves industriales. La investigación comenzó en abril tras recibir información sobre una posible plantación en una de las naves. Durante el registro, se encontraron alrededor de 1.800 plantas y se detuvo a los sospechosos por tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

El litigio por las naves industriales levantadas ilegalmente en Sant Esteve no tendrá un final feliz: derribo o indemnización millonaria. Ha expirado el plazo concedido al ayuntamiento para que inicie la demolición, lo que aboca al juzgado a tomar medidas drásticas.

El Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires ha ordenado el derribo de tres naves industriales ilegales en el polígono industrial de Sesrovires, tras la amenaza de acciones judiciales hecha pública por parte de los legítimos propietarios del suelo. La demolición es parte de una larga disputa que comenzó cuando se levantaron doce construcciones sin permiso ni autorización en terrenos propiedad de la familia Farràs sin su consentimiento. La familia ha advertido que si no se realizan los derribos emprenderán acciones legales contra el ayuntamiento por prevaricación y no quieren indemnizaciones. Quieren la demolición de las naves y recuperar sus tierras..
  • 1

La Policía Nacional detiene a seis personas en total, incluyendo al líder y principal investigado. Se han deshabilitado hasta cuatro plantaciones indoor ubicadas en naves industriales y polígonos industriales de Cornellá, Sant Feliu y Castellbisbal, que contenían 5.955 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento. El valor total de la energía defraudada es cercano a los 600.000€.

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de la familia Farràs contra el derribo de 11 naves industriales en el polígono industrial de Sesrovires en Sant Esteve. La disputa comenzó en 2008 cuando se impugnaron las licencias de obras y los terrenos donde se construyeron unas naves en unos terrenos que se habían vendido sin el conocimiento de los legítimos propietarios, la familia Farràs. El caso, al menos por ahora, se ha decantado definitivamente de parte del ayuntamiento, que está a la espera de la devolución de una fianza de 4,6 millones de euros.