Hace apenas unos días veíamos por todos los medios de comunicación como entre dos formaciones políticas (PSOE y Cs) se firmaba un pacto de gobierno que propició la fallida investidura del Sr. Sánchez, donde se establecía la supresión de las Diputaciones.
Sin embargo, hay que destacar algunos aspectos significativos al respecto de dicha sorpresiva petición de supresión de las Diputaciones.
En primer lugar, el pacto mantenía intactas las diputaciones en el País Vasco. ¿Acaso allí son necesarias y en el resto de España no? Sorprende que quienes piden que no haya españoles de primera y de segunda, hagan esas diferencias para algunos territorios y discriminen otros, olvidándose que en Cataluña los independentistas estarían encantados de eliminar las 4 diputaciones provinciales para establecer las 7 veguerías.
Seguramente, los que afirman sin más que hay que suprimirlas, desconocen su historia, lo que han hecho y hacen por los municipios, y cuál sería el verdadero impacto de su hipotética supresión.
Si nos centramos por ejemplo en la Diputación de Barcelona, veremos como en materia de carreteras mantiene más de 1500 km en nuestra provincia, conserva y actualiza más de 430 puentes, y son muchas las obras de infraestructuras financiadas por esta institución en centenares de municipios. Por otro lado, la Diputación en ha desarrollado y desplegado una importante red de bibliotecas públicas que hacen del acceso a la cultura, la educación y la información un activo muy importante para nuestros vecinos, siendo en muchas ocasiones, unos de los equipamientos mejor valorados en cualquier pueblo o ciudad. Pero, donde son de especial utilidad las diputaciones es trabajando codo con codo con los municipios más pequeños, donde algunos servicios serían económicamente imposibles de prestar si se tuvieran que hacer exclusivamente desde el ámbito municipal.
Basta hacer la consulta en cualquier ayuntamiento de nuestra provincia y sabremos que muchos equipamientos han sido pagados con subvenciones de la diputación, por no hablar de las ayudas sociales, ayudas para las guarderías, comedores... y para suplir en muchas ocasiones los pagos que la Generalitat no está realizando a los ayuntamientos.
Probablemente sí que habría que repensarse algunas instituciones, por ejemplo las comarcas, y en concreto la del Baix Llobregat, donde gran parte de sus municipios ya están en el Área Metropolitana de Barcelona y sus competencias podrían ser asumidas por otros entes, pero recomiendo a aquellos que aspiran a gobernar algún día, que cuando ganan promesas sean serias, que se olviden de dar grandes titulares de prensa sin conocer el impacto real que puedan tener las medidas, que no anuncien unos falsos ahorros económicos, y que se centren en lo realmente importante.
Algunos llevamos años defendiendo que cada Administración tenga sus propias competencias y se eviten así duplicidades que pagan todos los ciudadanos. Cuando aprobamos esa ley, todos nos criticaban. Así que a aquellos que han firmado ese pacto o brindis al sol, les animo a que incluyan, por ejemplo, que los municipios donde gobiernen unos u otros salgan de las asociaciones independentistas y dejan de finarlas. Que se pueda destinar ese dinero a servicios sociales o fomento del empleo que buena falta nos hace. III