¿Escándalo en el Moisés Broggi?

Baste indicar que el precio de licitación inicial rondaba los 42 millones de euros y que el coste final se acercó a los 90, para darse cuenta de que muchas cosas han debido ocurrir entre las cifras iniciales y las definitivas, que alcanzarán los 190 millones de euros cuando el hospital esté completamente pagado en el 2037. Y que todos esos millones, lógicamente, son recursos públicos que habrán de salir de los bolsillos de los contribuyentes. Para empezar, digamos que cuando se licitaron las obras del hospital dirigía la conselleria la socialista Marina Geli, en pleno gobierno tripartito y que la gestión del proceso no se hizo a través del CatSalut como parecería lógico, sino a través de un consorcio: el Consorcio Sanitario Integral (CSI) formalizado en el 2002, heredero del consorcio creado en 1991 para la gestión del hospital de la Creu Roja de L’Hospitalet. Poco antes de iniciarse el proceso de construcción del nuevo Hospital Comarcal, a cuatro pasos del hospital de Viladecans que sí gestiona el CatSalut en medio de la precariedad absoluta, el CSI, que ya en el 2004 incorporó al Consell Comarcal del Baix Llobregat, el Institut Català de la Salut, y los ayuntamientos de L’Hospitalet i Sant Joan Despí —además del CatSalut, lógicamente—, crea una Sociedad Limitada Unipersonal —es decir con el 100% del capital del CSI— que tiene la “virtud” de regirse por el derecho privado en lugar de por la legislación pública administrativa.

Es esta sociedad, Sanitat Integral del Baix Llobregat (SIBLL), la que se encargará del concurso de ideas para elegir el despacho de arquitectos que hará el proyecto y la que licitará las obras y las adjudicará, al único que se presenta a concurso: Sanibaix, un grupo empresarial formado para la ocasión por La Caixa, Agbar —la Sociedad constructora de Aguas de Barcelona— y las conocidas Emte, SA y Teyco, SL, empresas de la familia Sumarroca, vinculadas a la obra pública y al pago de comisiones ilegales, tras destaparse el caso Pujol.

Transfondo socialista
El cóctel no puede ser más explosivo: presupuestos que se doblan, creaciones de empresas de derecho privado para licitar contratos de financiación pública, potentes grupos empresariales de la construcción que se unen ocasionalmente con La Caixa para operaciones multimillonarias en las que solo ellos concursan y, en el trasfondo, un único partido político, el PSC, que lleva monopolizando el control de la actividad pública en el Baix Llobregat desde 1979. Sería suficiente para estar alertas... si realmente la ciudadanía controlara el enorme entramado de la inversión pública y su complicadísima red de consorcios, empresas públicas y privadas, licitaciones concursales con participantes exclusivos y adjudicaciones directas, sin concurso, sin publicidad y, por lo que denuncian los informes contables, sin control. O con el control exacto para que el dinero se mueva opacamente y para que las finanzas públicas, siempre frágiles, se descompongan en una maraña de datos que resultan incomprensibles para la mayoría.

En el caso que comentamos, la sindicatura pone el acento en las irregularidades sobre la redacción de los proyectos constructivos —lo que afecta a la relación entre el consejo de administración de SIBLL y el despacho de arquitectos ganador del concurso de ideas—; en la contratación de las obras de construcción y en los incrementos de los precios de contratación —que implican a SIBLL y a Sanibaix—; en la financiación y el pago de la inversión —que añade a los anteriores el Catsalut— y en los indicios de responsabilidad contable —que incluye a todos los actores y también al Tribunal de Cuentas que sería el que debiera observar delito y depurar responsabilidades.

Estamos hablando del año 2003, cuando el primer presidente de SIBLL es Carles Constante, hoy presidente del ICS, al que sucede en 2005 el segundo alcalde de Sant Joan Despí, Eduardo Alonso, y poco después el actual alcalde Antonio Poveda, que se mantiene en el cargo hasta que deciden disolver la sociedad en el año 2010, traspasando los saldos de liquidación de la empresa, al CSI. Por esa misma época los vicepresidentes de la Sociedad son Alonso, Celestino Corbacho y Nuria Marín, los dos últimos alcaldes de L’Hospitalet. O sea, gente conocida, de peso, que manejan presupuestos de millones de euros con una pasmosa frivolidad. Por eso, el informe de la sindicatura precisa que, más allá de los incrementos de millones de euros que se abonan al despacho de arquitectos por aspectos que no fijan los contratos, hay indicios de irregularidades en los intereses no previstos en las cláusulas administrativas, en el incremento del coste de financiación, en los costes y en los pagos de las obras, y en los intereses del año 2009. O sea, en prácticamente todo lo que afecta a la inversión.

De 45 a 190 millones
Y una minucia: equipar el hospital tiene un coste de unos 29 millones de euros conseguidos mediante un crédito sindicado también entre La Caixa y el BBVA. Crédito, por cierto, que se traspasa al CSI cuando SIBLL se disuelve. O sea, unos contratan y se difuminan, y los otros pagan y se endeudan hasta el infinito. El dinero, sin control, y los beneficiarios, a saber. Lo que si sabemos por lo menos es que la Caixa hizo negocio por una doble vía: construir y equipar.
O sea: un hospital que debió costar unos 45 millones, no se pagará por menos de 90 (190 con los intereses) y sin contar el contenido.

Todo eso ya se presagiaba en el 2010 cuando trascendió a la prensa la duda sobre cómo se había construido el hospital, pero no ocurrió nada. La Asociación en defensa de la sanidad comunitaria “Dempeus per la salut pública”, se negó a asistir a la inauguración del hospital por la sospecha de irregularidades y por el altísimo gasto de la inversión y ya se ha reclamado en el Parlament la presencia del socialista Toni Comín, actual conseller de Salut, para que explique los hechos y se enfrente al informe de la sindicatura. III