Sí a la lucha contra la exclusión residencial y no a la preservación de Cal Trabal

La vivienda y el medio ambiente han sido los temas que más han acaparado la atención del pleno del 26 de abril, tanto por parte de los representantes municipales como del público asistente. No obstante, las críticas a la falta de información y al concepto de participación del gobierno liderado por el PSC han vuelto a salir a la palestra, así como diferentes visiones sobre el modelo de ciudad, lingüístico y de Estado.

Las camisetas verdes de los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Ciudad de L’Hospitalet y las gorras rojas de los integrantes de la PAH de L’Hospitalet hacían presagiar que el derecho a la vivienda tendría un peso importante en el pleno del pasado martes. Y así ha sido. En el orden del día figuraba una moción del grupo municipal socialista para defender la ley 25/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. El concejal del Área de Espacio Público, Vivienda, Urbanismo y Sostenibilidad, José Castro, ha explicado que esta ley es “un instrumento fundamental para defender el derecho a la vivienda, a pesar de las imperfecciones” y que corre el peligro de ser recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno del Estado, actualmente en funciones.

La moción ha sido aprobada por todos los grupos, a excepción del Partido Popular, que se ha abstenido parcialmente. A pesar de ello, el portavoz de la CUP-PA, Khristian Giménez, se ha mostrado muy crítico con el PSC y con la alcaldesa, Núria Marín, a los que ha calificado de “hipócritamente culpables” por no haber dado respuestas a “la cruda realidad” mucho antes y por vivir en el mundo de la “cosmética política”. La portavoz de Canviem L’H (ICV-EUiA-Pirates), Ana González, ha mantenido una línea parecida y ha alabado el trabajo de las plataformas y entidades sociales que consiguieron que se aprobara la ley citada, a lo que estas han respondido con gritos de “Sí, se puede”.

La cuestión de la vivienda se ha colado también a través de un dictamen de urgencia no previsto en el orden del día, por el cual se ha aprobado una modificación en el presupuesto de 2016 para que el Ayuntamiento pueda disponer de 300.000 euros para iniciar los trámites para contratar una empresa que rehabilite las viviendas vacías que ceden los bancos. Los partidos de la oposición han pedido que se informe con mayor antelación del tema –de hecho, es uno de los motivos por los que se ha abstenido la CUP-PA-, y a partir de sus preguntas se ha podido saber que el Ayuntamiento ha de rehabilitar las viviendas y pagar el IBI durante los siete años que dura la cesión, mientras que las entidades financieras deberán pagar una plusvalía al Consistorio. El portavoz de Ciudadanos, Miguel García, ha manifestado su preocupación por tener que poner dinero y ha alertado de que los bancos podrían seguir haciendo negocio: “No una gran especulación, pero, si no pagan ni IBI ni gastos de comunidad, la entidad recibe un beneficio”. El concejal de Canviem L’H, Ivan Nieto, ha incidido en el mismo punto: “El IBI se carga a la propiedad. Cuidado con que no sea una bonificación fiscal. Y si el BBVA desahucia, que se rompa el acuerdo”.

Cal Trabal y el Plan Director Urbanístico de la Gran Vía

Otro punto importante del día ha sido la moción presentada por Esquerra Republicana por la que ha solicitado el mantenimiento de Cal Trabal, ya que el proyecto acordado por el Ayuntamiento y la Generalitat (Plan Director Urbanístico de la Gran Vía) “no garantiza suficientemente la preservación” de dicha zona. La moción ha sido rechazada por el PSC y los concejales Cristina Santón y Rafael Jiménez, y cuestionada parcialmente por Convergència Democràtica de Catalunya y Canviem L’Hospitalet, bajo la atenta mirada de los miembros de la Assemblea No més blocs a Bellvitge, quienes han sostenido carteles en alto para manifestar su repulsa al PDU de la Gran Vía. Estos han silbado y se han reído cuando los dos concejales no adscritos han alegado falta de participación ciudadana para justificar su voto en contra. Participación ha sido también lo que ha reclamado el portavoz de la CUP-PA, pero para que los vecinos puedan decidir qué modelo de ciudad quieren, intervención que ha concluido con el grito de “¡Stop PDU!” y algunos aplausos.

Más participación para decidir los títulos honoríficos

La participación ha vuelto a salir a colación a raíz de la concesión de siete títulos honoríficos de distinción ciudadana que el Ayuntamiento ha otorgado a Domingo Guijarro Gómez y las entidades ALPI-ASS (asociación de ayuda a personas con discapacidad), Ateneo de Cultura Popular, Centro de Estudios de L’Hospitalet, Grupo de Mujeres de Santa Eulàlia, Comisión Organizadora del 50 aniversario del barrio de Bellvitge y la Coordinadora Sardanista de L’H. Todos los grupos han pedido que sean los ciudadanos quienes elijan a los premiados y la alcaldesa se ha comprometido a renovar el reglamento antiguo para adaptarlo a los nuevos tiempos.

También se ha aprobado la propuesta de Ciudadanos de instaurar un debate anual sobre el estado de la ciudad, de tal manera que la conferencia anual que realiza la alcaldesa ante personalidades y medios de comunicación pueda ser contrastada por los miembros de la oposición. La concejala no adscrita Cristina Santón y el portavoz del PSC, Francesc Josep Belver, han sugerido realizar este debate en el marco del Consejo de Ciudad, para favorecer el diálogo con los ciudadanos; y la portavoz del Partido Popular, Sonia Esplugas, ha recordado que también se podrían convocar plenos monográficos sobre temas controvertidos como los presupuestos, la seguridad, el Distrito Cultural o, sin ir más lejos, Cal Trabal.

Más información y con más antelación

Otra cuestión que también se ha reiterado en numerosas ocasiones ha sido la necesidad de los grupos de la oposición de contar con información más detallada sobre los acuerdos tomados en otros órganos de gobierno y comisiones pertinentes, y con antelación suficiente para poder valorar las propuestas. Es lo que ha ocurrido en los puntos 6, 9 y 10 del orden del día, relativos a la aportación económica del Ayuntamiento a la empresa Fira 2000 S.A. y a diferentes modificaciones de crédito del presupuesto para el ejercicio 2016, respectivamente. De hecho, el portavoz de ERC, Antoni García, ha lamentado que “si no fuera por las mociones [de los grupos de la oposición], no habría debate” en el pleno municipal. De los 36 puntos del orden del día, sólo 16 han tratado sobre la actividad realizada por el gobierno municipal.

Entre las mociones presentadas, se han aprobado las que apoyan el nuevo protocolo de cambio climático (presentada por PSC-CP, Ciutadans, Canviem L’H, PP, ERC y CiU), el estudio de la ampliación del horario de bibliotecas y aulas de estudios (Ciutadans, Canviem y CiU), la adhesión al manifiesto de apoyo a los refugiados del Fondo Catalán de Cooperación (Canviem y ERC), el apoyo a la campaña “No puedo esperar” de los afectados por la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa (PSC), la creación de un registro de maltratadores de animales de ámbito autonómico (PSC), seguir las medidas de emergencia social aprobadas por el Parlament (PSC), dar cumplimiento a la adhesión de L’H a la Red Mundial OMS de Ciudades Amigables con las Personas Mayores (PP), simplificar los requisitos legales para establecimientos con terraza en la vía pública (PP), mejorar la calidad de vida de las personas celíacas (ERC), apoyar a las entidades del tercer sector de Catalunya para gestionar los fondos del 0,7% del IRPF (ERC), mejorar los servicios de promoción turística (CiU) y los espacios museísticos de la ciudad (CiU).

Se ha aprobado parcialmente la moción de Canviem L’H de retirar símbolos franquistas de las calles y han quedado rechazadas la presentada por Ciudadanos para señalizar en castellano las señales de tráfico y la aportada por ERC para retirar los símbolos monárquicos (retrato del rey, cambio de denominación de la avenida Juan Carlos I y retirada de la medalla de Oro al antecesor de Felipe VI). El debate sobre estas mociones ha vuelto a generar un tenso debate sobre el peso de la lengua catalana en Catalunya y el modelo de Estado.