Uno de los temas que ha protagonizado la actualidad política ha sido la suspensión de gran parte de la ley de emergencia habitacional aprobada por el Parlament en 2015, debido al recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno central.
No es para menos. Los ciudadanos que se encuentran en riesgo de quedarse en cualquier momento sin su hogar están pagando la incapacidad de los políticos para crear soluciones. Es importante que asumamos que una emergencia requiere una acción inmediata y efectiva. No puede quedar en un instrumento de confrontación política.
El gobierno municipal de L’Hospitalet calcula que en la ciudad hay unas 150 familias en necesidad urgente de vivienda. Es preciso disponer de herramientas para actuar de forma inmediata. Desde Ciutadans coincidimos con la alcaldesa Núria Marín cuando afirma que contar con un parque suficiente de viviendas en régimen de alquiler social es la única forma de dar respuesta a las familias en situación de exclusión residencial. Pero parece olvidar que el Ayuntamiento tiene competencias para la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet dispone de recursos para abordar la emergencia habitacional en la ciudad, lo que ha de hacer es cambiar sus prioridades presupuestarias. Por poner un ejemplo, el gobierno municipal hace poco aprobó un gasto de 124.999 euros para la creación de una bolsa de vivienda, servicio de acogida y gestión de alojamiento para estudiantes, profesores e investigadores universitarios. Lo hicieron pasar como bolsa de vivienda social para jóvenes, pero es indudable que los profesores e investigadores universitarios no dan el perfil y no se trata precisamente de un colectivo en riesgo de exclusión social. Podremos discutir si es conveniente ese gasto para la ciudad, pero si asumimos la situación de emergencia habitacional, no podemos discutir qué debe ser prioritario. Para avances sociales Ciutadans siempre estará abierto al acuerdo. III
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