El debate sobre el futuro del sistema de las pensiones públicas no ha ofrecido en los últimos años nuevas propuestas para garantizar uno de los pilares fundamentales del estado de bienestar.
Se estima que el porcentaje de las pensiones públicas en España supera el diez por ciento del PIB, y comprende principalmente las de jubilación, aunque alrededor del dos por ciento corresponde a las de viudedad.
El recurso sistemático al Fondo de Reserva de la Seguridad Social en los dos últimos años simboliza el estado crítico del sistema. De seguir esta tendencia, el déficit de la conocida como “hucha de las pensiones” podría aproximarse a los 20.000 millones de euros en 2017.
Así, las políticas llevadas a cabo para salir de la crisis han incrementado los problemas de financiación del sistema de pensiones. Por una parte, se intentaba reducir la pensión media otorgada por el sistema conforme aumentaba el ratio entre pensionistas y cotizantes.
Por otra, se estimulaba la capacidad individual de ahorro de los pensionistas, a quienes se incitaba a complementar una reducida pensión pública mediante fondos privados de pensiones. En definitiva, el problema del sistema público de pensiones radica en los ingresos del mismo. Además del factor demográfico determinado por el acuciante envejecimiento de la población, el factor esencial se centra en un mercado de trabajo, que al margen de la supuesta recuperación económica, no permite generar ingresos adicionales para el sistema de la Seguridad Social.
A pesar de haber incrementado la tasa de empleo, éste es mayoritariamente de baja cualificación y con niveles salariales inferiores a los existentes con anterioridad al inicio de la crisis.
Asimismo, en el sector industrial el trabajo manual y repetitivo ha registrado un considerable descenso mediante la inclusión de la economía del conocimiento. Por ello, el equilibrio entre oferta y demanda de trabajo se ha materializado a través de empleos de más baja calidad y peores salarios, llevando a una situación de auténtica precariedad laboral. De lo anterior se concluye la necesidad de más y mejores salarios como medio para mejorar la financiación de las pensiones.
Los expertos consideran que un incremento próximo al cuatro por ciento en el Salario Mínimo Interprofesional durante los próximos cinco años permitiría aportar ingresos adicionales de alrededor de 1.000 millones de euros al año. Se trata de adoptar medidas que no impliquen elevar cotizaciones o establecer nuevas figuras tributarias complementarias.
En ese sentido, se estudia la financiación del sistema de pensiones a través de los Presupuestos Generales del Estado. Otras medidas pasan por suprimir los topes máximos de cotización, lo que permitiría aumentar los ingresos a corto plazo. Por otra parte, desde que la reforma de 2013 desligó la subida de las pensiones a la evolución del IPC, estas prestaciones solo se han revalorizado durante los siguientes años el mínimo establecido por la ley.
Esto se ha justificado aludiendo a la situación de déficit del sistema de la Seguridad Social, a pesar de haber crecido la economía desde 2014, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas.
Urge por tanto la convocatoria de un renovado Pacto de Toledo, que aborde con eficacia y rapidez estas cuestiones a través de la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para un Fondo de Reserva que agoniza ante la situación de incertidumbre actual. III
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