Transparencia es desde hace unos años una etiqueta que se empieza a aplicar de manera transversal a todas las políticas públicas. No obstante, es todavía una cuestión de la que todo el mundo habla, pero que no se practica.
O muy poco. Una etiqueta amplia que requiere ser aplicada en cuestiones muy concretas como la que nos concierne: la publicidad institucional.
Jurisprudencia a favor
En este sentido, El Llobregat ha organizado la conferencia ‘Marco legal de la Publicidad Institucional’ con el objetivo de dar a conocer el régimen normativo que regula el sector y que se basa en cuestiones objetivas y no arbitrarias. “La celebración de este acto nace del desconocimiento que nos hemos encontrado, en general, en algunas reuniones institucionales”, ha matizado el editor de El Llobregat, Xavier Pérez Llorca. “Más que analizar la situación de la comarca, lo que queremos es, con un espíritu didáctico, dar a conocer el marco normativo ante respuestas de algunos funcionarios, tales como “no podemos informar ni hacer público cual es la inversión municipal en publicidad institucional, dado que si lo hiciéramos vulneraríamos los derechos de protección de datos” u otras del estilo “¿podremos contratar cómo y a quien queramos, ¿no? Pues bien, lo cierto es que no. Las administraciones no pueden contratar “a quien quieran”.
De hecho, este marco legal cuenta ya con jurisprudencia ante demandas de medios. La más famosa, seguramente, que ha servido de ejemplo en la exposición del también abogado Pérez Llorca, fue la que llevó hasta el final Radio Castellón-Cadena SER en la provincia de Castellón. En aquel caso, contra el Partido Popular, que fue retirando toda publicidad institucional del denunciante desde 2004 a 2009. Tras perder el medio las demandas en primera instancia y en los niveles superiores, el caso se decantó a su favor tras el amparo del Tribunal Constitucional, que les dio la razón en defensa del artículo 14 y 20 de la Constitución, que recogen el derecho de Igualdad y de Libertad de Expresión, respectivamente.
Pérez Llorca ha enumerado alguno de los criterios que se tienen que tener en cuenta en este proceso de contratación, como son el precio, la calidad, el reconocimiento social, la audiencia o la distribución. Algo que no se aplica, según su opinión, por el peso del sistema de partidos: “Los valores de un partido político están por encima de los valores democráticos; esto dispara la mala calidad de nuestra democracia de manera exponencial”.
Transparencia y control
Por su parte, la responsable de Relaciones Institucionales de la Oficina d’Antifrau de Catalunya, Lourdes Parramon, ha concluido que “se puede mejorar mucho” tras analizar el actual panorama legal y su aplicación. “Existen leyes en Catalunya desde el año 2000 y en España desde 2005 que definen lo que es la publicidad institucional -que también es importante- y que marcan los criterios de contratación”, ha empezado Parramon.
En concreto, hay un punto evidente y explícito a esta cuestión particular de la contratación: Art. 5 de la Ley 18/2000 del 29 de diciembre del Parlament de Catalunya: “Los contratos de creación publicitaria se tienen que adjudicar de acuerdo con los criterios objetivos que garantizan la libre concurrencia y la igualdad, según la Ley 13/1995 de contratación de las administraciones públicas”.
Pese a la claridad del artículo, “los márgenes de discrecionalidad son muy grandes”, ha dicho Parramon: “La realidad es que existe una gran arbitrariedad, una transparencia escasa y poco control”.
En este sentido, ha criticado la descentralización de las campañas dentro de las administraciones y ha invitado a los medios a ejercer este derecho al control y a demandar esta información a las administraciones. Y si es denegada, recurrir.
‘Trabuco y pesebre’
Este contexto deriva en lo que Arsenio Escolar, el director de ’20 Minutos’ y presidente de la AEEPP (Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas), ha calificado como la política de “trabuco y pesebre: las administraciones acaban poniendo publicidad a los que tienen un trabuco y van a dispararles al pie y/o a los suyos, el pesebre”.
Escolar, que suma una larga experiencia al frente de diferentes medios, entre ellos, 17 años como director del gratuito nacional de referencia, ha sido aún más crítico y pesimista ante la realidad: “Tanto que ya no sé si tirar la toalla o intentarlo otra vez. Hay muy buenas intenciones, pero que no se cumplen”, ha dicho Escolar. “Y no es una cuestión del que está en frente, sino es una sensación general. Con pocas excepciones, las cosas se están haciendo muy mal”.
Precisamente, este último fin de semana del mes de enero, el Consejo de Ministros aprobará un Plan Nacional de Publicidad Institucional. Un plan que, históricamente, ha dejado de lado –pese a los argumentos objetivos que aporta- al gratuito ’20 Minutos’, lo que derivó en una serie de 12 demandas a Ministerios, administraciones autonómicas y ayuntamientos, entre otras. “El balance fue eficaz y nos empezaron a tratar mejor. Pero se trata de un proceso muy lento”, ha apuntado Escolar. “La alternativa es hurgar, encontrar algún papel y publicarlo”.
Este proceso, curiosamente, llegó tras la entrada de un grupo inversor noruego en el gratuito. Ante esta situación, su pregunta fue, ante su sorpresa: “¿Pero España no es un Estado de Derecho? ¿Y no se puede hacer nada?”.
Se trata, al final, de esto, de mejorar la calidad de nuestra Democracia, algo que pasa, fundamentalmente, por la transparencia: “No hay mejor desinfectante que la luz del sol”, ha zanjado Escolar. III
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