Co En los años de la burbuja, fueron muchos los que sacaron tajada de la necesidad de las familias de acceder a una vivienda: promotores inmobiliarios, entidades bancarias y las administraciones se beneficiaban de que los precios no pararan de subir.
La crisis demostró que los precios del mercado inmobiliario pueden caer pero algunos se lo montaron para que eso no les afectara demasiado.
Así, de la misma forma que las entidades bancarias se beneficiaron de las cláusulas suelo para esquivar la bajada de los tipos de interés, los ayuntamientos se beneficiaron de que el cálculo del impuesto de la plusvalía se diseñara como si el valor del suelo urbano no pudiera nunca bajar.
Y vaya si puede bajar. Muchos ayuntamientos han estado cobrando durante la crisis las plusvalías sin que haya habido realmente incremento del valor del suelo. Y no nos equivoquemos, este impuesto no lo han estado pagando grandes especuladores. Estos se podían permitir esperar a que los precios volviesen a subir para vender. Los que se han visto obligados a vender durante la crisis ha sido el autónomo sin liquidez, la familia con todos los miembros en paro, en definitiva, los de siempre: la clase media y trabajadora. Muchas personas durante la crisis se vieron obligadas a malvender su casa muy por debajo del precio por el que la compraron, incluso tras un desahucio, y aun así tuvieron que pagar el impuesto de las plusvalías como si hubiese habido un incremento del valor del suelo.
Afortunadamente, en España disponemos de división de poderes y el Tribunal Constitucional ha sentenciado que cobrar una plusvalía sin incremento del valor es inconstitucional, por lo que los ayuntamientos han de devolver ese dinero. Pero la administración, a diferencia de los bancos, solo devuelven si se pide a los 4 años como máximo, por lo que si eres un afectado corre a pedir tu devolución. En Cs sí hemos corrido en el Congreso y en los Ayuntamientos para que la administración facilite las devoluciones y adapte el impuesto. III
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