España, con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, presenta un grave problema para alcanzar el reemplazo generacional. A ello se suma el elevado porcentaje de población mayor de sesenta y cinco años. Para ofrecer respuestas a esa complicada situación, el Gobierno ha creado un Comisionado.
Las previsiones del INE indican que, si se mantienen las líneas demográficas actuales, habrá un millón de habitantes menos en 2029 y alrededor de seis millones menos en 2064. En paralelo, la población mayor de 65 años equivaldría aproximadamente el 39 por ciento del total en 2064.
La tasa de fecundidad española, con 1,3 hijos por mujer, se sitúa muy por debajo de los 2,1 hijos por mujer requeridos para asegurar el reemplazo generacional. Por ello, se necesitan al menos 260.000 nacimientos más al año para alcanzar dicho objetivo. El déficit de la natalidad española es una de las causas de la inversión de la pirámide poblacional, del envejecimiento y de la pérdida de juventud, así como de la reducción de la población. La gravedad del problema requiere una toma de conciencia, dadas las consecuencias demográficas, sociales y económicas del mismo.
En relación a las consecuencias económicas, el envejecimiento de la población incrementa notablemente los gastos sanitarios, supone un peligro evidente para las pensiones y comporta cambios en el mercado laboral, al haber menos población activa. Asimismo, la reducción de la natalidad disminuye los ingresos en la Seguridad Social. Todo ello pone en riesgo el estado de bienestar. Con la finalidad de responder a esta realidad, el Gobierno ha aprobado el pasado mes de enero la creación del Comisionado frente al Reto Demográfico, encargado de elaborar una estrategia nacional. En cuanto a las soluciones económicas, se deberían asignar dotaciones presupuestarias para la familia de al menos el 2,3 % del PIB, que es la media que destinan los países de la UE. Además, la creación de un Ministerio de Familia que gestione dicha partida y la problemática planteada se antoja prioritario. En cuanto a la principal medida de apoyo a la familia, que es la ayuda directa por hijos a cargo, cuya cuantía es escasa y dirigida a pocas familias, la misma habría de universalizarse, elevándola a la media de la Unión Europea de 100 euros al mes por hijo a cargo.
Al margen de las medidas económicas a favor de la natalidad, debemos contemplar también un cambio de valores. En España la emancipación de los hijos del hogar paterno se retrasa más allá de los 30 años, y esto provoca que los ciclos reproductivos se inicien más tarde. Las causas se encuentran fundamentalmente en la inestabilidad laboral y la falta de flexibilidad del mercado de trabajo, ya que, a pesar de haberse aprobado nuevas medidas para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, las mismas todavía resultan insuficientes. Por su parte, el Parlamento Europeo coincide en la necesidad de que los Estados miembros respondan con políticas favorables para que las tendencias demográficas reviertan, coincidiendo en las repercusiones negativas en la planificación familiar derivadas de las difíciles condiciones de trabajo y la inseguridad laboral actuales. En definitiva, para afrontar la magnitud del cambio demográfico que afecta a Europa se precisan iniciativas que complementen las medidas promovidas en el ámbito local y regional, a través de intervenciones a nivel nacional y supranacional. Sólo mediante una estrategia europea se conseguirá incidir sobre las políticas competentes en el desafío demográfico. III
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