Trabajar ya no es sinónimo de salir de la situación de riesgo de pobreza extrema.
Cuando acabo la jornada y regreso en coche a casa veo, prácticamente cada día, al pasar por uno de los puentes viarios que separan el Baix Llobregat y L’Hospitalet, a un señor siempre colocado de igual manera, en cuclillas y, en ocasiones, apoyado solo en una rodilla. Solo mira o pierde la mirada bajo ese puente, su techo. De verlo tan habitualmente, debo reconocer que cuando no está lo echo de menos y me pregunto dónde estará. Es un afecto curioso por su persona y por su historia, pese a desconocerla.
Él es una de las tantas personas que viven en el espacio público, sin casa digna, excluidos del sistema y de la sociedad, afectados por la brecha de la pobreza y la desigualdad, una brecha que no cierra. “Tenemos la percepción de que hay una recuperación, pero, también, de que la gente que viene a Càritas y que tenemos en nuestros proyectos no la ve mucho”, dice Roser Vilaró, responsable del Área Social de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat. “La gente continúa teniendo los mismos problemas para cubrir sus necesidades básicas: vivienda, alimentación, los gastos básicos de los niños, los suministros…”.
Por encima de la media
En este sentido, El Llobregat ha tenido acceso a la tasa actual de población en riesgo de pobreza de los municipios mayores de 25.000 habitantes del Baix Llobregat y de L’Hospitalet que calcula AIS Group en un proceso de ‘Big Data’ que rompe con los moldes geográficos tradicionales y que, por tanto, permite llevar el cálculo al mundo local. Así, pues, vemos como, efectivamente, la tasa baja ligeramente en el último año, siendo éste, prácticamente, el único dato positivo. Porque casi todos los municipios del Baix están por encima, según los datos de AIS Group, de la media catalana (13,9%) y de Barcelona (13%).
L’Hospitalet es, por eso, la ciudad con mayor porcentaje de habitantes en riesgo de pobreza (18,2%), muy cerca de la media española (22,1%). Esto quiere decir que el 18,2% de las unidades familiares de L’Hospitalet no ingresa ni el 60% del salario medio de ingresos de la población. Según explica Agustí Amorós, director de Desarrollo de Negocios de AIS Group, este dato sale a partir de datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y “ponderando la tasa de pobreza al nivel de ingresos, estudios, paro y otros variables para cada una de estas unidades administrativas”.
Ya en el Baix, Martorell (15,8%), Cornellà (15,8%), Sant Boi (15,1%) y Sant Andreu de la Barca (15%) serían las cuatro ciudades con mayores tasas. Pese a estar por la media catalana y con una afectación mayor a la de Barcelona, los números van a la baja, aunque Amorós, también matiza este dato: “Es una bajada estadística, porque el riesgo de pobreza se calcula pensando en el 60% del salario medio. Así que, si bajan los sueldos, baja también el umbral de la pobreza. Puede ser que estén fuera de la estadística, pero que, en cambio, no hayan mejorado sus ingresos. Una cosa es que baje la estadística y otra es que la gente no sea cada vez más pobre”.
Trabajadores pobres
Efectivamente, la realidad es otra. De hecho, que las tasas de población en riesgo de pobreza sean, en general, mayores que las actuales tasas de paro es, seguramente, el dato más preocupante y diferencial respecto a antes de la crisis. Ha nacido la figura del trabajador pobre: “La gente tiene trabajo, pero son contratos de un día, contratos mayoritariamente a tiempo parcial”, dice Vilaró. “Tienen trabajo, pero no llegan. Esto antes no existía. El hecho de tener trabajo era sinónimo de resolver la situación”, matiza Francesc Arnaez, responsable del Área de Comunicación y Sensibilización de Càritas.
Càritas ha atendido, según la nueva memoria anual de 2016 a la que hemos tenido acceso en exclusiva y que ya les podemos avanzar, a 6.434 personas. Ayudas de las que se ven beneficiadas 18.617 personas, prácticamente, el triple. Y es que el 59% se trata de parejas con hijos. “Uno de los riesgos que hay es el de la transmisión generacional de la pobreza”, dice Arnaez. “La situación actual de las familias afectará seguro a los niños, por eso hemos crecido tanto en infancia”, apunta enumerando algunos de los servicios de Càritas en favor de garantizar las mismas oportunidades entre los más pequeños. De hecho, según la Fundación Balia, la mitad de los menores sin recursos abandona los estudios escolares antes de tiempo. A la pobreza le “encanta” el fracaso escolar, dicen, especialmente en España, que cuenta con una de las tasas de fracaso (23%) y abandono escolar (20%) más altas de Europa, siendo el tercer país en cuanto a pobreza infantil (40%).
Por su parte, el perfil adulto es ya casi inclasificable, tanto como los distintos departamentos en los que ha crecido la entidad, adaptándose a los nuevos tiempos. En cualquier caso, adultos de entre 25 y 45 años, con hijos, y de nacionalidad española o comunitaria son la mayoría: “Esto se notó mucho al inicio de la crisis: hace diez años teníamos mucha gente que era inmigrante y con la crisis dimos el cambio. Ahora ya llevamos años que más de la mitad de la gente atendida es de aquí”, explica Vilaró. “Continúa habiendo mucha gente a la que le cuesta encontrar trabajo por falta de estudios o porque no han hecho el suficiente reciclaje. Luego, también, personas que vienen de otros países y que por el tema del idioma o el permiso de residencia no pueden acceder a los procesos de manera normal, ni siquiera a las prestaciones”.
Renta garantizada
La vivienda, la alimentación o los suministros son, pese a ser considerados un derecho humano, el primer gran escollo para las personas que se encuentran en una situación precaria: “Los suministros han subido mucho, el que tenga una prestación baja se le lleva la mitad de los ingresos. Tenemos pisos de alquiler sociales, que pagan entre 190 y 250 euros, y en ocasiones los gastos en servicios son más elevados que el alquiler. Es horrible”, dice Vilaró. “Las necesidades básicas se están convirtiendo en productos de negocio, cuando según los Derechos Humanos tendrían que estar garantizadas”, matiza Arnaez. En este sentido, la renta garantizada podría ser el gran cambio para 62.000 familias catalanas.
Ya con el preacuerdo entre la entidad promotora y el Govern de la Generalitat, se creará una prestación de 664 euros mensuales (en 2020) para el primer miembro, 955 euros para dos miembros y 100 euros más por hijo hasta un máximo de tres. Esta prestación se empezará a implantar en septiembre con el 85% de estas cifras.
Ahora bien, podrán recibir esta ayuda las personas mayores de 23 años, con dos años mínimo de residencia en Catalunya, que no cuenten con otra propiedad privada al domicilio, así como personas con contratos temporales con ingresos inferiores a los 664 euros. En contraprestación, estas personas no podrán rechazar ninguna oferta laboral o perderán la renta.
Ligada esta medida, tradicionalmente, a la izquierda, sectores de todo el abanico ideológico parecen haber aceptado la necesidad de esta medida. Y es que mucho tiene que ver el momento de transición en el que nos encontramos, con el avance tecnológico, hacia un mercado laboral con mayor presencia de la robotización. El estudio ‘The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation? de Frey y Osborne, en 2013, calculó que el 47% de los puestos de trabajo de Estados Unidos estaban en peligro. ¡Casi la mitad! Que todas estas personas acaben desempleadas y sin opciones de volver al mercado laboral sería, desde luego, un colapso. De esta manera, la renta garantizada evita caer en un pozo de difícil salida a todas aquellas personas que quieran seguir formándose y, obviamente, trabajando.
Sin techo
La aprobación de la renda es, desde luego, un paso de gigante para evitar que, por la falta de ingresos, se acabe viviendo de manera indigna o, directamente, ‘sin techo’. Según los datos ofrecidos por Càritas, durante el año 2016, han pasado por el Centro de Acogida Abraham de Vilafranca de Penedès 376 personas, unas 80 más que el año pasado: “No necesitas estar derivado de Servicios Sociales. Pueden estar hasta seis días en los que les ofrecemos alojamiento, cena, almuerzo, se pueden cambiar de ropa, asear… Y así se inicia una relación con los que quieren recuperar su autonomía, a los que se les permite estancias más largas y tramitar el acceso a pisos”.
Éste es el único Centro de Acogida que hay entre Barcelona y Tarragona, con lo que no hay ninguno en el Baix Llobregat, pese a su densidad de población. Càritas cuenta, por su parte, con otros pisos tanto en El Prat, Molins de Rei o Sant Climent, por donde han pasado un total de 33 personas. Son los llamados pisos compartidos en los que estas personas no pagan ni alquiler ni suministros y esto les da la opción de recuperar su autonomía bajo un techo digno. En paralelo, para otros casos, hay un total de 42 pisos sociales que benefician a un total de 126 personas, que pagan un alquiler muy reducido: “Son una gran necesidad. Las administraciones se están moviendo, pero, de momento, hacen falta más. Tienen que regular estos precios que se disparan”.
En Càritas ya era habitual así, pero, según hemos podido saber, en los Departamentos locales de Servicios Sociales, ya son, en general, más las personas desahuciadas de pisos de alquiler que de pisos de compra, afectados por hipoteca.
Una nueva burbuja inmobiliaria que ha llegado a Barcelona con subidas de hasta el 30% del precio y que tendrá una afectación en todo su ámbito metropolitano. III
...
Fe de errores: en la infografía 'Tasa de población en riesgo de pobreza del Baix Llobregat', los datos de población de Molins de Rei no son los correctos: Los habitantes totales son 25.359 y la población en riesgo de pobreza 2.815. El porcentaje (11,1%) sí que es correcto.