El acceso a una vivienda sigue siendo una necesidad imposible de cubrir para muchas familias en L’Hospitalet de Llobregat y, en general, toda el Área Metropolitana de Barcelona.
A la precariedad laboral y pérdida de poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras se le suma las limitaciones de un mercado inmobiliario que, a parte de las dinámicas especulativas, tiene que afrontar la presión de la demanda turística espoleada por la moratoria hotelera establecida en Barcelona por el gobierno de Ada Colau.
En Cs creemos que hay que tomarse en serio las políticas de vivienda porque tiene un efecto crucial en la vida de las personas y, como hemos visto con la crisis, en la economía del país. Una de las políticas que creemos más importantes es formar un parque público de viviendas sociales de alquiler asequible que ayude a aliviar las tensiones del mercado y facilite una vivienda a los colectivos más vulnerables. En L’Hospitalet logramos aprobar la propuesta de Cs de realizar un Plan Local de Vivienda con este objetivo, el cual tiene que consensuarse entre el gobierno local y el de la Generalitat. Sin embargo, a pesar de las palabras grandilocuentes del gobierno local de la socialista Núria Marín y del autonómico del independentista Puigdemont, sus actos no demuestran demasiado interés en abordar la problemática de la vivienda.
Un ejemplo sangrante es lo que está sucediendo en un edificio en la calle Victoria Kent de L’Hospitalet, en el cual se encuentran de los pocos pisos que tiene la Generalitat en propiedad para alquiler social en la ciudad. Bandas organizadas se aprovechan de la dejadez de la administración para ocupar pisos, atentando contra los derechos de las personas vulnerables que habían seguido los cauces legales para acceder a esa vivienda. Luego, aprovechando la alta demanda de vivienda, trafican con esos pisos impunemente. Tan lucrativo debe ser ese tráfico ilegal que las bandas recurren a perros peligrosos para alejar bandas rivales e intimidar a los vecinos legales que resisten heroicamente en el edificio. Digo heroicamente porque, efectivamente, tienen que afrontar el acoso de estas bandas desde el abandono de la administración y, frecuentemente, son los únicos que, hastiados, se enfrentan a estas bandas. Destrozos, amenazas y demás prácticas de acoso inmobiliario para expulsar a los vecinos y así disponer de más pisos que ocupar. Pisos, no lo olvidemos, patrimonio público pagados con los impuestos de todos.
El Grupo Municipal de Cs de L’Hospitalet llevamos en el pasado pleno este problema y planteamos que el Ayuntamiento propusiera a la Generalitat que le cediera la gestión de sus viviendas sociales porque la administración más cercana al ciudadano puede abordar estos problemas de forma más ágil. Pero el PSC votó en contra dejando claro que no quiere complicarse la vida, contando con el apoyo de los independentistas que nunca quieren asumir que la Generalitat no lo haga todo bien. El PSC llegó a votar en contra hasta de que se abordase este problema en la Junta Local de Seguridad que preside la alcaldesa Núria Marín. ¿No le preocupan los vecinos de L’Hospitalet? A Cs sí, desde luego, y vamos a seguir insistiendo hasta que se resuelva. III
Si (
No(
