El concepto de ‘gentrificación’ nació en la segunda mitad del siglo XX de la mano de la socióloga Ruth Glass para explicar el proceso de transformación de determinadas zonas de Londres que, rehabilitadas con nuevos edificios para su revalorización, expulsaban a vecinos, en su mayoría de clara trabajadora, que se veían obligados a buscar vivienda en la periferia.
Por causas dispares –pisos turísticos, la tenencia de pisos vacíos por parte de entidades bancarias y la especulación, entre otras-, lo cierto es que Barcelona va camino de expulsar a sus clases más desfavorecidas, pero no a su periferia, porque los precios también son inalcanzables, sino mucho más allá debido a un sector inmobiliario y a unas administraciones que, lejos de aprender de los errores del pasado, están volviendo a hinchar la burbuja, en este caso, del mercado de alquiler.
La metástasis llega al Baix
Un fenómeno que, inevitablemente, ya afecta a los precios de los pisos de alquiler del Baix Llobregat y L’Hospitalet que no cesan de subir ante la impasividad de las administraciones que, como el Área Metropolitana de Barcelona, presidida también por la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, siguen sin poner remedio a la situación pese a haber sido adalid del derecho a la vivienda.
No es que no haya oferta de alquiler social, es que no hay oferta de pisos dignos a precios asequibles. Y los pocos que hay vuelan ante la presión de la demanda, totalmente desproporcionada. El escenario actual no afecta, pues, solo a las clases más desfavorecidas, sino que la metástasis se extiende al resto de familias de clase media, por no decir de miles y miles de jóvenes que buscan independizarse de los padres.
Una situación insostenible, máxime cuando se ha demostrado que el mercado del alquiler también puede ser rentable para las administraciones, como abiertamente lo ha reconocido Jordi Cornet, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona: “Las viviendas con alquileres asequibles son también un negocio”, ha asegurado.
Mientras tanto, la realidad es que tan solo el 2% de Barcelona es parque residencial destinado a viviendas sociales, mientras que otras grandes ciudades europeas llegan al 20 o, incluso, el 30%. Esta debilidad abraza y abrasa al Baix Llobregat por los errores de la ciudad condal.
Ya no es suficiente la política de venta de pisos de Protección Oficial, puesto que hay adjudicatarios que los están rechazando porque no pueden asumir su coste ni las hipotecas. Es imprescindible, pues, ofrecer una opción real y segura, a partir de pisos de alquiler a un precio asequible que amplíe la oferta y, al tiempo, regularice el mercado, ahora mismo desbocado.
Pendientes del transporte
Expulsados de la metrópolis, los vecinos que opten por los municipios de la segunda corona del Baix Llobregat verán como, a diferencia de la burbuja inmobiliaria, no todo es capaz de romper el centralismo capitalino barcelonés. El transporte y la movilidad siguen siendo una asignatura pendiente y lo es, pese a que el recargo metropolitano en el IBI para el transporte público se pague en municipios que, sin embargo, reciben menor oferta.
El Tributo Metropolitano sobre el IBI recaudó, en 2015, 27,26 millones de euros en once municipios, entre los que destacan Sant Boi, Viladecans, Gavà o Castelldefels que, sin embargo, se ven obligados a afrontar su alta demanda de transporte solo con dos medios de transporte público que, además, les comunica mayoritariamente con Barcelona. Peor ocurre con otros municipios aún más periféricos, que son precisamente el destino de muchos vecinos que se ven “expulsados” de L’Hospitalet y de las ciudades del Delta por los precios prohibitivos de la vivienda. III
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