La carta que el president del Govern de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de su vicepresidente, Oriol Junqueras, enviaron a los alcaldes de Cataluña para pedir la colaboración municipal en la convocatoria del Referéndum no tardó en contar con la complicidad de los ediles de ERC o del PDECAT que, como Xavier Fonollosa en Martorell o Mercè Esteve en Begues, firmaron el decreto de apoyo para la celebración del mismo. Hoy, en las últimas horas de las 48 que daba el Govern de la Generalitat para contestar, ha sido el turno de los primeros alcaldes y alcaldesas que ya han dado la espalda a la hoja de ruta de Junts Pel Sí y la CUP.
En coherencia con la Ejecutiva nacional y comarcal, los ediles socialistas del Baix Llobregat y L’Hospitalet han optado, mayoritariamente, por poner a disposición del secretario municipal la información correspondiente y, con su informe, negar la colaboración en el Referéndum. Una opción de orden institucional y, a la vez, muy cómoda para ellos, sabedores que la respuesta de los máximos responsables jurídicos de los Ayuntamientos es la compartida políticamente.
Así, pues, según ha podido saber El Llobregat, las principales ciudades socialistas del Baix Llobregat y L’Hospitalet han comunicado ya su ‘No’ al Referéndum o lo harán en las próximas horas. Entre ellas, precisamente, la segunda ciudad de Cataluña que, a diferencia de Barcelona, que sigue a la espera y en silencio, ha confirmado que no colaborará en la celebración del 1-O: “Tras la suspensión del Tribunal Constitucional del Referéndum y con el reglamento vigente, no podemos responder a su petición”, recoge el mensaje, según fuentes municipales.
De la misma manera, Raquel Sánchez, alcaldesa de Gavà, ha enviado ya la correspondiente misiva al Govern con la relación de providencias emitidas por el Tribunal Constitucional y publicadas esta mañana en el Boletín Oficial del Estado y con la idéntica resolución por parte del gobierno local: “Atendiendo esta suspensión normativa y en respuesta al escrito que me hiciste llegar solicitando la disponibilidad de los locales de titularidad municipal para la celebración del Referéndum de autodeterminación, os comunico que el Ayuntamiento de Gavà no puede satisfacer esta petición”.
Por su parte, la ciudad vecina de Viladecans –que se encuentra en plena Festa Mayor y que, por tanto, ha tenido solo 24 horas y no 48 para dar respuesta a la petición del Govern- destaca el mandamiento de cumplir la ley y, con informe del secretario municipal en mano, descarta igualmente colaborar el 1-O. Así lo habían decidido, en cualquier caso, según exponen fuentes oficiales y a diferencia de otros gobiernos locales, en Pleno municipal de julio de 2016, cuando por una amplia mayoría se acordó instar a la Generalitat a cumplir con la legalidad.
Antes, el mismo alcalde de Sant Andreu de la Barca, Enric Llorca, uno de los más madrugadores en responder a Puigdemont y Junqueras, mostraba su negativa, también, tras recibir el informe de la máxima autoridad jurídica del consistorio: “Acataremos la ley y haremos lo que nos diga el Tribunal Constitucional. Si no lo hacemos podemos incurrir en algún delito”, ha dicho, antes de defender una reforma de la Constitución para establecer una nueva relación entre Cataluña y España “pero dentro del mismo Estado”.
A esta lista se irán sumando progresivamente las ciudades socialistas de la comarca a lo largo del día de hoy –lleno, según hemos sabido, de llamadas y contactos entre alcaldes del partido- para cerrar filas contra el Referéndum. No estarán por el momento en esta lista Sant Just Desvern y Castelldefels, ciudades que cuentan con un gobierno local excepcional y con vínculos con partidos independentistas, tal y como hemos avanzado en El Llobregat.
Silencio en Castelldefels
Según fuentes oficiales de Sant Just, Alcaldía está pendiente de la evolución de los acontecimientos: “Estamos a la espera de ver qué pasa, porque ayer era una cosa, luego por la tarde otra y esta mañana otra. Cuando haya una situación firme, tomaremos una decisión firme”. Se desprende que, a diferencia de los anteriores gobiernos locales, el alcalde de Sant Just, el socialista Josep Perpinyà, declarado abiertamente a favor del derecho a decidir, tomará una decisión más política y no tanto jurídica. De esta manera, Perpinyà jugará con los equilibrios en una ciudad en la que la asamblea local del PSC ha tenido tradicionalmente buena complicidad con ERC, socios de gobierno.
Más inestable es el caso de Castelldefels, en donde la alcaldesa socialista María Miranda forma gobierno gracias al acuerdo de cuatro partidos, entre ellos, ERC, además del apoyo posterior del PDECAT. Tras ponernos en contacto con fuentes municipales, Castelldefels descarta por el momento hacer declaraciones respecto a este tema. De hecho, no hemos podido saber siquiera si han trasladado la información al secretario municipal o cual es la estrategia a seguir. Lo harán, en principio, la próxima semana.
ICV, a la espera
De la misma manera, la estrategia de ICV ha sido la de acudir a los servicios jurídicos de los Ayuntamientos. Sin embargo, su respuesta –a diferencia de las ciudades gobernadas por el PSC- se está haciendo esperar.
El alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José, ha comunicado que, tras la aprobación de la Ley del Referéndum y tras el requerimiento del Govern, se ha encargado un informe a los servicios jurídicos. Un informe que quedaba invalidado tras la suspensión del TC, que obligaba a encargar un segundo informe: “Pediremos, por tanto, un nuevo informe que detalle, a la vista de la Ley y de su suspensión, las implicaciones de una decisión u otra de nuestro gobierno local, tanto para la institución municipal, como para los cargos electos como para el funcionariado”. Y añade: “no tomaremos ninguna decisión antes de este informe que detalle cómo nos afecta el conflicto entre la legalidad constitucional y la legalidad aprobada ayer”.
Igual de prudentes son, por el momento, en El Prat de Llobregat, que también ha puesto a disposición de los servicios jurídicos la situación. De la misma manera, no hay posición oficial al respecto. Un silencio que sorprende, puesto que –imaginamos- ya tendrán sobre la mesa el informe jurídico correspondiente al igual que lo tienen las otras ciudades socialistas. Una de las explicaciones es que están, políticamente, a la espera de la decisión de Barcelona y de su alcaldesa, Ada Colau, de BCN en Comú, impulsora de Catalunya en Comú en la que también está inmersa Iniciativa. Por el momento, el secretario municipal de Barcelona acaba de recomendar no ceder los espacios municipales y, en rueda de prensa, Colau ha pedido garantías y, por tanto, por el momento no cederá locales municipales. Así, pues, si Barcelona se descuelga del Referéndum, el resto de ciudades ecosocialistas del Baix lo harán también.
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