Los alcaldes y alcaldesas de Begues, Castellví de Rosanes, Collbató, Corbera, El Papiol, La Palma de Cervelló, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Sant Climent y Torrelles de Llobregat son a día de hoy los edites que tendrán que dar explicaciones ante la fiscalía por colaborar en la celebración del referéndum. Son, tal y como ha publicado la Asociación de Municipios por la Independencia, los líderes locales que han firmado el decreto con el que se comprometen a colaborar con el Govern de la Generalitat el 1 de octubre y a los que hoy se les ha dirigido la Fiscalía.
El Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, ha cursado este miércoles una orden a las fiscalías provinciales de Cataluña en la que pide abrir diligencias de investigación sobre los Ayuntamientos que han mostrado su predisposición a celebrar el referéndum. Así, pues, los alcaldes y alcaldesas serán citados a declarar ante el ministerio público en calidad de investigados y asistido de letrado –con abogado-. De no hacerlo, según el documento, la Fiscalía amenaza con detenciones por parte de los Mossos d’Esquadra, en su condición de policía judicial.
El punto de partida, como decimos, es el documento que la Associació de Municipis per la Independència ha publicado en su web, en donde recoge los 712 ediles a favor del referéndum. Dada la gran cantidad de alcaldes y alcaldesas, la Fiscalía ha anunciado que priorizará los municipios de mayor población.
Los alcaldes y alcaldesas se enfrentan a posibles delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos; delitos que pueden comportar, respectivamente, multas económicas, inhabilitaciones y penas de cárcel. Pese a ello, los alcaldes de la CUP –en el Baix Llobregat no hay ninguno- ya han anunciado que no acudirán a declarar.
La Fiscalía ordena a las policías locales impedir el 1-O
Horas después de apuntar a los alcaldes y alcaldesas independentitas y tan solo un día más tarde de notificar la misma instrucción a Mossos d’Esquadra, la Fiscalía, a través de sus delegaciones provinciales en Cataluña, ha dado la instrucción a las policías locales de “investigar cualesquiera hechos encaminados a organizar el referéndum ilegal y a intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepararlo o a celebrarlo”.
De esta manera, la Fiscalía considera a las policías locales como policías judiciales y suma a los cuerpos en la lucha contra el referéndum, igual que lo ha hecho ya con Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. En el Baix Llobregat, 27 de los 30 municipios tienen su propio cuerpo policial, además de la Guardia Urbana de L’Hospitalet.
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