Los partidos independentistas quisieron paralizar todas las instituciones en Cataluña este mes de septiembre para generar un clima de excepcionalidad política con el que imponer su agenda. Sin embargo, los ciudadanos de L’Hospitalet me pagan un más que generoso sueldo para representarles en el Ayuntamiento, atender sus asuntos y tratar de mejorar las condiciones de vida en la ciudad.
No íbamos a tolerar que paralizaran las instituciones democráticas precisamente los que quieren imponer la ruptura de nuestro marco de convivencia saltándose la Constitución, l’Estatut y las leyes y reglamentos que hagan falta.
En el pleno de septiembre se debatían algunos de los asuntos más importantes del año del Ayuntamiento, como son las cuentas anuales o las ordenanzas fiscales para el 2018. El Grupo Municipal de Ciutadans, además, presentamos tres mociones para hacer de L’Hospitalet una ciudad más justa y confortable: propusimos que el Ayuntamiento ayude a los centros y las AMPAS para que esté a disposición de todas las familias que lo necesiten un banco de libros de texto reutilizables para hacer realidad la igualdad de oportunidades y la gratuidad de la educación básica que establece la Constitución; planteamos medidas para mejorar la calidad de vida de las personas alérgicas al polen y garantizar la seguridad de los funcionarios públicos en el desempeño de sus obligaciones.
El gobierno de Núria Marín suele perder votaciones en todos los plenos, pero en septiembre estuvo de enhorabuena. Los grupos municipales de ICV-EUiA, ERC, CiU y CUP-PA decidieron ausentarse del Pleno y regalarle la mayoría al PSC, el cual ha podido aprobar sin problemas las cuentas, las ordenanzas fiscales y lo que han querido de las mociones.
Así, el PSC ha tumbado el apoyo a los bancos de libros de texto reutilizables, plantar en L’Hospitalet únicamente árboles que no den alergias e instar a la Generalitat a proteger a los funcionarios que cumplen la ley.
A pesar de esto, el Grupo Municipal de Cs seguiremos trabajando en avanzar en las políticas sociales que el gobierno de Núria Marín desatiende.