La Comisión Europea aprobó el pasado mes de abril el Pilar Europeo de Derechos Sociales, en el que se fijan veinte principios y derechos que de cumplirse plenamente fortalecerían los actuales sistemas de bienestar de la Unión Europea.
La aplicación de dichos fundamentos pretende equiparar las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de ciudadanos de Europa.
La crisis económica de 2007 determinó una profunda crisis de identidad del Viejo Continente, una crisis existencial que desembocó en una ausencia de pulso social.
La parálisis institucional que afectó a la Comisión Europea y el Consejo, unida a los recortes, significaron la ruptura social. Todo ello puso en serio peligro el proyecto en común que persigue la Unión Europea.
Peligro de ser papel mojado
La aplicación de los principios recogidos en dicho proyecto garantizaría una economía social de mercado más convergente y competitiva. No obstante, el Pilar podría derivar en una simple declaración de principios provista de buenas intenciones, con escaso efecto sobre las condiciones de vida de los ciudadanos europeos.
Por otra parte, el carácter no vinculante del mismo, no confiere al Pilar ninguna fuerza jurídica.
Asimismo, la Comisión Europea considera que estos principios y derechos no son aplicables directamente, al depender su puesta en práctica de las autoridades locales, regionales y nacionales.
El problema principal de Europa radica en que no tiene competencias en política social, y los Estados se oponen a promover una reforma de los Tratados para que la Comisión y el Parlamento asuman esta responsabilidad.
En realidad, en Europa se persigue avanzar hacia la integración, pero el camino conduce también a la desintegración, como lo ha demostrado el Brexit. Por ello, la Unión se encuentra frente a una disyuntiva, que consiste en apostar por más y mejor Europa, o menos y peor Europa. En cuanto a la financiación del conjunto de principios y derechos que constituyen el Pilar Europeo, la misma será sufragada fundamentalmente por el Fondo Social Europeo y otros programas financieros esenciales como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización.
Sin fiscalidad común, un grave riesgo
En ese aspecto, la inexistencia de una fiscalidad europea común y el presupuesto de la Unión Europea en términos de porcentaje del PIB destinado al Pilar Europeo de Derechos Sociales, que habría de duplicarse hasta el 2%, representan un grave riesgo para llevar a cabo con éxito dicho programa. El conjunto de veinte mandamientos que integran el Pilar Europeo de Derechos Sociales se centran en la igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, condiciones equitativas de trabajo y protección e inclusión social.
Aunque muchos de los principios ya están recogidos en la legislación internacional, las nuevas realidades sociales y económicas, como la revolución digital y los desafíos derivados de la globalización, constituyen la base de los nuevos mandamientos.
Se trata en especial de garantizar derechos esenciales de la nueva Europa mediante la incorporación de lo social a la agenda política, tras el olvido experimentado durante la crisis. III