A la misma hora, las 11 horas, aunque en distintos puntos, tres grupos municipales de la oposición de L’Hospitalet han denunciado públicamente supuestas irregularidades del gobierno local de L’Hospitalet.
Ciutadans, principal partido de la oposición, ha presentado un acta notarial con fecha de 11 de abril de 2017 en la que, a modo de quiniela, recogía la lista de los siete nombres que saldrían elegidos en los respectivos procesos para ocupar cargos directivos en el Ayuntamiento. Ahora, acabados todos los proceso, han hecho, tal y como ha explicado en la sede del partido su portavoz, Miguel García, “pleno al siete”: “Hay un procedimiento, a nuestro modo de ver, irregular, que obedece a unos criterios ideológicos. Hemos hecho pleno al siete, lo que confirma cómo se hacen las cosas en L’Hospitalet. Los procesos responden a esa red clientelar que viene tejiendo desde hace mucho tiempo el PSC y, obviamente, esto en política está de más”, ha dicho García.
Se trata, en concreto, de siete puestos directivos; a saber: Gerente Municipal; Director de Servicios de Espacio Público, Urbanismo y Sostenibilidad; Director de Servicios de Hacienda, Recursos Generales, Programación y Presupuestos; Director de Servicios para el Área de Bienestar y de Derechos Sociales; Director de Servicios de Desarrollo Económico y Ocupación; Director del Gabinete de Alcaldía; y Director de Servicios de Recursos Humanos.
Según Ciutadans, el proceso se habría realizado para colocar en el puesto a personas afines al partido y sin priorizar criterios de capacidad ni méritos: “Tenemos que ir a criterios de transparencia y que estas plazas que se convocan respondan a lo que la ley dice, a criterios de capacidad y méritos. Y estamos convencidos de que esos no son los criterios con los que obra el gobierno. Colocar a gente afín a su ideología para gobernar con ellos es una práctica que se ha de erradicar”.
Por ello, más allá del envite político de hoy, que llevarán de nuevo al pleno, Ciutadans avanza que llevarán el caso a la Oficina Antifrau de Catalunya y, si procede, a las instancias judiciales correspondientes.
ERC y CUP apuntan a la Guàrdia Urbana
En las puertas de la Oficina Antifrau de Catalunya han comparecido, precisamente, los grupos municipales de ERC y la CUP para pedir una investigación externa y poner en conocimiento de la entidad “la detección de posibles irregularidades en la asignación de complementos salariales, concedidos presuntamente de forma discrecional y de forma continuada en el tiempo, dentro del cuerpo de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet a distintos agentes y en distintas unidades”.
Según han denunciado conjuntamente ERC y CUP, los dos grupos municipales consideran que, después de un seguimiento del tema durante meses (el proceso se inició en abril de 2016 a partir de una petición sindical), “podrían haber hechos constitutivos de distintos supuestos penales y contables como son la prevaricación, tráfico de influencias y la falsificación documental, sin menospreciar la responsabilidad contable aplicable en esta situación”. En este sentido, destaca, según ambas agrupaciones, el expediente realizado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento en noviembre de 2016, que reconoce y desglosa que ha habido una serie de complementos que se han pagado a miembros del cuerpo y que no se recogen ni en las atribuciones del personal del Ayuntamiento ni en las tablas salariales de los factores de aplicación de la Guàrdia Urbana ni en el convenio aplicable a éstos”.
De la misma manera, se habrían detectado complementos que no corresponden por su naturaleza o que se habrían dado sin realizar la actuación que los motivaba. “La única opción que nos ha dejado el gobierno socialista es llevar el tema de los pluses a Antifrau porque se han negado a hacer una comisión de investigación para investigar estos hechos graves y depurar responsabilidades”, ha dicho Antoni García, portavoz del grupo municipal de ERC.
“Tenemos la percepción que estas irregularidades son la punta del iceberg de una forma muy cuestionable de gestionar los recursos humanos del Ayuntamiento de L’Hospitalet”, ha dicho, por su parte, el portavoz y concejal de la CUP, Khristian Giménez. “Con esta opacidad y discrecionalidad dentro de la Guàrdia Urbana en la concesión de complementos con mejoras salariales, hasta fuera del convenio, se generan dinámicas peligrosas que favorece y generan redes clientelares de apoyo al gobierno municipal, en este caso, el PSC”.
La Guàrdia Urbana cuenta con más de 400 trabajadores públicos y es, de hecho, uno de los principales colectivos dentro del total de la plantilla del ente municipal.
“Es radicalmente falso”
En relación con la información de Ciudadanos, el Ayuntamiento de L’Hospitalet considera, según fuentes oficiales, que es “radicalmente falso”. Según exponen, los procesos tienen su naturaleza en un cambio de la normativa a partir de la nueva Ley de Grandes Ciudades, que obliga a tener de manera consolidada una estructura directiva de todo el funcionariado.
Así, pues, L’Hospitalet inició los correspondientes procesos de concurso por méritos, según fuentes municipales, “con toda transparencia, publicidad y concurrencia” y a través de un tribunal externo. Se da el caso que de los puestos a elegir ya había cinco profesionales que hacían estas funciones desde hacía muchos años como interinos y que, por tanto, tenían gran parte ganada: “Eran los más indicados para seguir; la quiniela que han hecho es muy fácil. Lo preocupante hubiera sido al revés después de tantos años de trayectoria”.
Por otra parte, no en todos los procesos –que suelen contar con pocas solicitudes dada su exigencia- hubo un segundo candidato. Solo hubo competencia en Alcaldía, Gerencia y la dirección de servicios de Bienestar Social.
“Hemos detectados atribuciones irregulares”
En el caso de las atribuciones a agentes del cuerpo de la Guàrdia Urbana, el Ayuntamiento de L’Hospitalet confirma a El Llobregat que se han detectado atribuciones irregulares y que el gobierno local está trabajando para regularizar toda la situación.
Todo comienza, como avanzábamos, a partir de una denuncia de un sindicato en abril de 2016. Cabe matizar que, por su dimensión, la Guàrdia Urbana cuenta con un servicio de Recursos Humanos propio algo, por otra parte, habitual. Es entonces cuando el Ayuntamiento abre un expediente y detecta estas irregularidades.
Según fuentes oficiales, la cuestión estaría vinculada con que profesionales del cuerpo hubieran empezado a cobrar algunas atribuciones por nuevas funciones como, por ejemplo, tareas administrativas, complementos laborales por trabajar de noche, llevar moto… El problema radica en que, al parecer, al dejar de realizar estas funciones, habían continuado cobrando estos pluses, por tanto, de manera injustificada. Un comportamiento muy habitual, por otra parte, en la empresa privada –sobre todo en épocas de bonanza-, pero totalmente condenable desde el punto de vista de la administración pública.
En este sentido, L’Hospitalet está trabajando “caso por caso” para regularizar toda la situación y, de hecho, desde julio, Servicios Centrales ha asumido la gestión del departamento.
Por otro lado, una denuncia anónima ya había presentado una denuncia a la Oficina Antifrau de Catalunya que había pedido un expediente a la administración. Según fuentes municipales, esta documentación ya fue trasladada este verano a la OAC. De momento, no han obtenido respuesta.
En cualquier caso, y a la espera de lo que ocurra, L’Hospitalet podría depurar responsabilidades independientemente al proceso de la OAC: “Ya veremos. De momento, lo que se está haciendo es que cada uno cobre lo que tiene que cobrar”.
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