En la calle, ¡pero con las llaves!

Un burofax a los primeros vecinos que cumplían el contrato de alquiler despertó las primeras alarmas; para colmo, ya vieron –sin ninguna opción de renovar- sus propios pisos en las principales plataformas inmobiliarias por un valor superior de entre el 40 y el 100%. Los planes de un grupo inversor para el bloque número 113 de la Avenida de Barcelona de Sant Joan Despí refleja, de nuevo, la debilidad de las administraciones frente al mercado inmobiliario y la gravedad de esta crisis social que apunta a una nueva burbuja inmobiliaria también en el mercado de los pisos de alquiler.

Una situación que está cerca de dejar en la calle a unas 150 familias, la mayoría parejas jóvenes con hijos pequeños; es decir, unas 400 personas que no ven alternativa. “Es un problema social muy grave”, dice Julio Jiménez a El Llobregat, vecino y portavoz de los afectados. “Puede representar una rotura traumática del sistema de vida de mucha gente, entre ellos, muchas familias jóvenes con niños”. Por todo, los vecinos, después de un mes de intentar –sin éxito- encontrar una solución con los nuevos gestores del inmueble, les han dado el gusto de hacer lo que ellos querían; con un matiz: se han echado a la calle, ¡pero con las llaves! Los afectados han dicho basta y se han manifestado desde el inmueble, ubicado frente a la parada de TramBaix Llevant-Les Planes, hasta el Ayuntamiento para pedir una solución al respecto: “Somos 150 familias en una sociedad en la que no existe oferta de vivienda. Si cumplen los contratos y tenemos que abandonar los hogares, no hay alternativa en Sant Joan Despí ni de alquiler ni de compra y, por tanto, sería un problema gravísimo”.

Bloque víctima de la especulación
El drama de este bloque ya parte de la especulación inmobiliaria y del fracaso de sus propietarios en medio de la burbuja. Con un acceso excelente, cerca de la B-23, en el barrio Les Planes, la entonces propietaria Avenida Barcelona 111 SL. ofertaba los inmuebles a unos precios de 600.000 euros. Con la crisis, la empresa entró en fallida y los pisos se acabaron alquilando –en un estado lamentable por el abandono del inmueble- entre 2013 y 2014 con unos contratos de unos cinco años que empiezan a vencer ahora, a partir del 1 de marzo.

Judit Calderón, de 29 años, fue una de las jóvenes que, junto a su pareja, se independizó en 2014: “Entramos a vivir con un contrato de cinco años y uno renovable con un alquiler con derecho a compra con un precio de 493.000 euros. Al entrar al piso, nos encontramos con las baldosas del lavabo rotas; las puertas, lacadas en blanco, con manchas amarillas y rozaduras; y la caldera ha funcionado mal desde el principio. No podíamos poner la calefacción porque saltaba la emergencia de la caldera… Cuando llamamos para que lo arreglaran nos dijeron que no entraba por contrato; con lo que lo tuvimos que arreglar nosotros”, explica.

Según Calderón, hace un año el entonces gestor del inmueble, Arrenda Gestió, de Terrassa, se puso en contacto con ellos con una carta a todos los vecinos “porque se estaba planteando vender los pisos y revisar los precios, preguntándonos si estaríamos interesados en adquirirlo. Pero nada más se supo de aquello”.

Ahora, en cambio, a través de la nueva gestora, Medasil Desarrollos, se encuentran, de repente, con los planes de rehabilitación de este nuevo grupo inversor vinculado, según algunas fuentes, a Goldman Sachs, que no está dando ni siquiera la opción de renovar el contrato con el objetivo de hasta doblar el precio del alquiler: “A nosotros aún nos queda un año de contrato de alquiler que este año nos ha subido 20 euros sin explicación alguna ni previo aviso; entendemos que por el IPC. Pero sabemos que hay familias con niños pequeños y alguna chica embarazada que está a punto de tener un niño justo cuando, ahora, en marzo, se le cumple el contrato”, explica igual de preocupada que ellos.

Con el apoyo de casi todos
Tras la llegada de los primeros burofaxes, a principios de febrero, la alarma y la preocupación invadió todo el inmueble de tal manera que iniciaron una serie de asambleas tanto en la comunidad de vecinos como en el Centro Cívico del barrio para coordinar su respuesta.

Una de las primeras peticiones fue contar con la complicidad del Ayuntamiento -del lado de los vecinos, según han manifestado- para que mediara en la situación: “Estamos trabajando para que se resuelva la situación con un acuerdo beneficiosos para las dos partes, siendo conscientes de la situación de preocupación generada entre los actuales ocupantes dado el anuncio de la propiedad de aumentar el precio de los alquileres”, explican fuentes oficiales. Sin embargo, poco más pueden hacer, según ellos: “En tratarse de un edificio de propiedad privada, el Ayuntamiento no puede ir más allá de poner en contacto las interlocuciones para que sea posible un acuerdo en un tema tan sensible como el encarecimiento del precio de la vivienda en la ciudad y el entorno metropolitano”.

Este encuentro entre inquilinos y propiedad se dio en este mes, pero sin acuerdo: “Vinieron dos responsables de Medasil, justificando que son los nuevos gestores y que, después de cinco años, el inmueble tiene muchas deficiencias y que tienen que invertir dinero para arreglarlo y actualizar los precios, ahora desfasados”, dice Jiménez. “Hemos estado cinco años con deficiencias en el bloque, nadie las ha arreglado, y ahora quieren hacerlo con el dinero de lo que tengamos que pagar. Es ilógico, además de que la subida de entre el 40 y el 100% es desmesurada, abusiva e inasumible”.

Los vecinos verían con buenos ojos un incremento de hasta un 20% total en estos tres años, de manera, que pudieran contar con una alternativa razonable y ganar tiempo. Sin embargo, la compañía no está por la labor.

Por su parte, todos los grupos municipales de la ciudad, excepto PP y Ciutadans (PSC, SiQueEsPot, ERC, ICV-EUiA y PDeCAT), han mostrado en un comunicado conjunto su apoyo a los vecinos y han pedido “mejorar las garantías judiciales de los arrendatarios de buena fe; ampliar el límite legal para prorrogar tácitamente el contrato de tres a cinco años; reinstaurar la obligación de referenciar la variación anual del precio del alquiler al IPC y, en definitiva, impulsar el parque público de vivienda para pasar del 1,5 al 10% como mínimo para que se acerque a la media europea”.

Tras este comunicado, la empresa ha emitido una propuesta de incrementar el alquiler un 10% en los próximos dos años y un 12% en 2020; porcentajes que los inquilinos consideran, todavía, desmesurado “porque se aplica sobre los nuevos precios”, lo que consideran una trampa.

Por todo, los vecinos no descartan no entregar las llaves una vez cumplido el contrato y seguir pagando ante notario o, incluso, ocupar los inmuebles si fuera necesario.

En cualquier caso, opciones a las que no quieren llegar, pero que podrían llevar a cabo si no tienen alternativa. III