La proliferación de programas televisivos de contenido violento e inapropiado para los menores constituye un asunto de enorme trascendencia e inaplazable resolución.
En este sentido, la Ley Audiovisual recogía la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), con la finalidad de supervisar y regular la actividad de los medios de comunicación.
La autorregulación en materia de programación televisiva es una exigencia reiterada por las instituciones comunitarias. Su aplicación obliga a las televisiones firmantes a evitar la emisión de contenidos inadecuados para los menores en las franjas horarias de protección destinadas a tales efectos, además de señalizar los programas para favorecer el control parental.
El elevado grado de contenido violento y sexual emitido en televisión en horario de protección al menor representa una constante vulneración de sus derechos fundamentales.
Este tipo de televisión de contenidos superficiales, manipuladores y violentos es a lo que nos referimos con telebasura. Muchos temas son tratados con la superficialidad propia de quien únicamente busca el espectáculo lucrativo, generando actitudes y representaciones negativas en aquél sector de la audiencia que en ocasiones tiene en la televisión a su única y más creíble fuente de información y quizá de educación.
Asimismo, la imagen proyectada al público infantil y juvenil, a través de la violencia verbal exhibida en los programas basura, se basa en que a través de la descalificación y el insulto se consigue el éxito y la fama y, por imitación, se corre el riesgo de que los niños lo apliquen a la vida cotidiana con los consiguientes problemas en cuanto a carencias en su educación integral en valores.
Por ello, la resolución de conflictos personales no se debe mediatizar y convertir en un espectáculo. La solución a los mismos no habría de pasar por la confrontación cuerpo a cuerpo, sino a través del diálogo y el uso moderado y respetuoso de la palabra.
En principio, los profesionales vinculados a la confección de las emisiones televisivas deberían empatizar con los menores, abordando sus inquietudes, para así proveer contenidos destinados a una correcta y adecuada alfabetización del público infantil.
Además, el organismo regulador ha de fomentar el control parental de los programas televisivos, mediante la inclusión de un sistema explícito de señalización que alerte de las características de la emisión en curso.
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales.
Finalmente, conviene señalar que la responsabilidad de la educación de los niños y jóvenes corresponde a los padres y educadores, a quienes se exige un comportamiento activo para lograr la mejor protección a la infancia y la juventud. III
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