Dice el refranero popular que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Sea cierto o no, lo que es evidente es que nuestra sociedad envejece cada vez más y no lo hace aprendiendo de sus errores; más al contrario: estamos convirtiendo nuestras comunidades en auténticos infiernos desequilibrados que pone en peligro nuestro bienestar futuro.
Los últimos datos de los que disponemos reflejan como más del 20% de los vecinos de L’Hospitalet y casi el 19% de los del Baix Llobregat tienen más de 65 años. A ‘grosso’ modo, uno de cada cinco ciudadanos de nuestro territorio se encuentra en edad de estar jubilado y disfrutar de la llamada tercera edad. Para que seamos conscientes del envejecimiento de la comarca tenemos que volver a los años de la transición, cuando este colectivo solo representaba un 7,5 y un 7%, respectivamente. En cuarenta años, el porcentaje se ha multiplicado por tres, invirtiendo así la estructura de la pirámide de población.
Por ello, hemos querido hacer una mirada de 360º sobre este colectivo que, en los años de la última crisis económica, ha sido el mayor cojín cohesionador de la sociedad: han acogido a hijos desahuciados, han criado a nietos, han ayudado en la economía familiar… Todo gracias a una estabilidad económica que les ofrecían sus pensiones. Esto, sin duda, está más en peligro que nunca.
El movimiento de los pensionistas ha sido, junto al movimiento feminista, la reivindicación más destacada en lo que va de año. Y es que la situación empieza a ser insostenible. También en el Baix Llobregat. Según expone CCOO, uno de cada cinco baixllobregatenses mayores de 65 años estarían haciendo labores en negro para estirar la pensión.
Por su parte, los empresarios tienen problemas para encontrar el relevo generacional que sus empresas necesitan y o acaban cerrando o acaban en derivas poco favorables para la compañía. Y ya no hablemos de los autónomos. Uno de sus principales problemas es la rigidez de la legislación y los problemas de facturación de muchos, lo que les obliga a cotizar lo mínimo para mantener unos márgenes “decentes”. En conclusión, sus pensiones serán, cuando se jubilen, raquíticas pese a los años de cotización.
Lo mismo ocurre con los jubilados que fueron despedidos, por la crisis, con 55 años o más. El tipo de cálculo de la base de cotización –todavía basado en un modelo social de tiempos de la dictadura- les penaliza notablemente al contar los últimos años de trayectoria laboral; justo los que más han sufrido.
En paralelo, la política parece no priorizar los intereses de este colectivo: la subida del 0,25% de las pensiones por parte del Gobierno del Estado es una prueba de la poca preocupación por este colectivo. Solo la presión ciudadana ha forzado un postrero pacto entre PP, PNV y Ciudadanos, con el que las pensiones subirán en línea con el IPC. Y mientras, Cataluña, todavía sin gobierno, no organizará –tal y como correspondía después de cuatro años- el Congreso Nacional de la Gent Gran de Catalunya, como decimos, por la falta de estabilidad política y la falta de Govern.
El papel de nuestra gente mayor es, y no solo por su experiencia, fundamental. Y, sin embargo, su situación es peor que la de los pensionistas de hace 15 o 20 años. La pérdida del poder adquisitivo es una realidad y la precariedad laboral se acaba traduciendo en pensiones cada vez más bajas. Estamos ahogando a los que sacaron a muchas economías domésticas del pozo. Y lo que es peor: estamos condenando a nuestra sociedad a una nueva crisis aún más dura en donde no tendremos el respaldo de nuestros mayores. III