Ambos municipios están enfrascados en un eterno litigio por el IAE de la compañía.
Vecinos y mal avenidos. Si no en todo, al menos en una parte esencial para la comarca como es Seat. Y es que casi desde la fundación de la fábrica, hace 25 años, Martorell y Sant Esteve Sesrovires se las tienen a la hora de determinar qué cantidad del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) que paga la compañía les corresponde a cada uno por albergar en sus respectivos términos municipales una parte de la factoría de coches, junto con Abrera -en cuyos terrenos está el edificio administrativo y Seat Sport-. En este sentido, Sant Esteve, que no vive precisamente una de sus mejores etapas financieras con una deuda de 1.549 euros por habitante, denuncia que Martorell -que es quien recauda el IAE que paga Seat y lo divide con su vecino, puesto que es el municipio que tiene el grueso de la actividad productiva- no le paga el tanto por ciento del impuesto que le correspondería.
“Costoso y complejo”
Esto ha supuesto años de litigios y procesos judiciales entre ambos ayuntamientos, con sus correspondientes sentencias, siempre favorables a Sant Esteve. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha establecido que a Sant Esteve le corresponde un 30,65% del total del IAE que paga religiosamente Seat, cifra que no acepta Martorell, por lo que cada año se reinicia un nuevo proceso judicial que da como resultado otra sentencia casi idéntica a la del año anterior. Un día de la marmota made in Baix Llobregat que supone unos gastos judiciales elevados. “Es un contencioso costoso y complejo”, reconoce a El Llobregat el alcalde de Sant Esteve, Enric Carbonell, que considera que “la realidad física es la que es”, en relación a los porcentajes establecidos en las sentencias, que dice que se basan en “razonamientos jurídicos sólidos”.
¿Un peritaje erróneo?
Pero el alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, no lo ve igual, y asegura que el peritaje en el que se basan los jueces para emitir las sentencias “no se hizo bien”. Subraya que se llevó a cabo teniendo en cuenta la base del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que hace referencia a la superficie, y no en base al IAE, que grava la actividad económica. “Es un gran error”, afirma, y argumenta que habría que ver qué producción se lleva a cabo en los terrenos de cada municipio y, en base a ella, repartir el impuesto. Fonollosa explica que Martorell hizo su propio peritaje con base IAE, y los porcentajes varían respecto a los de las numerosas sentencias: un 17% a Sant Esteve y un 82% para Martorell.
Sea como sea, Fonollosa reconoce que es necesario llevar a cabo otro peritaje, ya que “ha habido modificaciones importantes en la fábrica” y el IAE “es un impuesto dinámico que puede cambiar según la producción”.
Por otra parte, Martorell también recuerda que el Centro Técnico y Diseño del Automóvil de Seat, ubicado en Sant Esteve, paga el IAE completamente a este municipio, puesto que tiene diferente NIF.
Con todo, en 2015 ambos ayuntamientos se sentaron en la mesa de negociación para limar asperezas, y de esos encuentros nació un acuerdo, recuerda Fonollosa, en base al cual a Martorell le correspondía el 77% y a Sant Esteve el 23%. El convenio también contemplaba que su ayuntamiento pagaría los años que debía de acuerdo con los porcentajes pactados, excepto en aquellos casos en los que hubiere sentencia firme. El acuerdo llegó poco antes de las municipales y, al cambiar de gobierno Sant Esteve -en base a un pacto entre ERC, PSC y Entesa, por el que republicanos primero y socialistas después se repartían la alcaldía-, todo quedó paralizado. Fonollosa, que había llevado la cuestión con anterioridad como concejal de Planificación Urbanística y se estrenaba como alcalde, recuerda haberse reunido con la entonces nueva alcaldesa, la republicana Carme Rallo, con quien sostiene que no hubo manera de confirmar el acuerdo, según apunta.
Preguntada sobre esta cuestión, la ahora jefa de la oposición Carme Rallo niega dicha versión de los hechos en una conversación con esta publicación y los matiza. Rallo sitúa la ruptura del acuerdo antes de que ella llegara la alcaldía, según dice, por un desacuerdo entre los secretarios municipales de ambos ayuntamientos referente al pago de los intereses. La republicana, ahora en la oposición tras una agria ruptura con los socialistas, sostiene que su gobierno impulsó de nuevo el diálogo con Martorell para alcanzar otro pacto, el cual tendría que pasar por la participación de Abrera, que tiene parte de los terrenos de la planta. Rallo señala que su propuesta de contar con Abrera para llegar a un acuerdo a tres bandas fracasó porque Martorell no lo vio con buenos ojos.
El Llobregat se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Abrera para corroborar estas afirmaciones, sin éxito.
Martorell, al día de los pagos
¿Y cuánto dinero debe Martorell a Sant Esteve ahora mismo? Según los servicios jurídicos sesrovirenses, Martorell está al día de los pagos referentes a sentencias firmes. Esto quiere decir que el consistorio martorellense ha pagado a su vecino lo que el juez le ha impuesto. Otra historia son los procesos aún judicializados, en los que Sant Esteve entiende que Martorell le debe la parte del IAE que reclama. Aquí, no obstante, “el juez ha de decidir aún”, apuntan desde los servicios jurídicos de Sant Esteve.
Pero más allá de los numerosos procesos judiciales que han tenido lugar en los últimos años y las numerosas sentencias, ambos consistorios dicen tener buena voluntad para solucionar el problema, aunque de momento las posturas parecen enconadas, a tenor de las declaraciones.
“Es difícil que el Ayuntamiento de Sant Esteve pueda aceptar cualquier acuerdo que vaya en contra de la decisión del juez”, afirma Carbonell, que considera que los criterios sobre los cuales se pronuncia el tribunal en base a los peritajes “son lo suficientemente claros”, pese a que añade que en caso de ver “alguna puerta” por donde encontrar una salida, la aprovecharán. Fonollosa, por su parte, anuncia que no pagarán lo que no les toca y que defenderán los intereses de Martorell. Y con las municipales a la vuelta de la esquina, el acuerdo se presenta como algo lejano.
De momento, a finales de noviembre llegó otra sentencia del TSJC que vuelve a condenar a Martorell, esta vez a pagar 30.000 euros más costas por el ejercicio de 2016, tal como informan a El Llobgegat desde el consistorio de Sant Esteve. No es una sentencia firme, por lo que se recurrirá al Supremo. Y vuelta a empezar.