Urbanizaciones: la gran asignatura pendiente

El resto presentan deficiencias urbanísticas, de suministros básicos o directamente carecen de infraestructuras como iluminación o alcantarillado. Son datos del catálogo de urbanizaciones que hizo público el departamento de Territori de la Generalitat en 2015. Desde entonces, solo en algunos casos se han hecho los deberes y pocas urbanizaciones han conseguido salir de la lista negra, como es el caso del Poal, en Castelldefels, tal y como concretan desde el consistorio. Pero, en general, la situación no ha cambiado sustancialmente en estos tres años.

Unos datos que guardan relación, aunque a escala mayor, a los del resto de Cataluña, donde alrededor de la mitad de las 1.500 urbanizaciones que se tienen controladas como tal están pendientes de regularizar. Una problemática que para Ferran Barba, jefe del servicio de Urbanismo de la Diputación, “es la gran asignatura pendiente del urbanismo del país”. Una sentencia que pronuncia durante una conversación con El Llobregat y que, para entenderla, hay que viajar atrás en el tiempo.

Los 50-60: el ‘boom’ de las urbanizaciones
Antes de entrar en materia, es necesario clarificar qué se entiende por ‘regularizar’ una urbanización. Este concepto hace referencia al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas, es decir, que se hayan llevado a cabo todas las obras de urbanización por parte de los parcelistas y que, finalmente, se entreguen al ayuntamiento de turno para que las recepcione y, a partir de ese momento, pase a mantenerlas de manera obligatoria.

Los procesos urbanísticos se suelen hacer de golpe y, en pocos años, quedar listos. Pero en el caso de las urbanizaciones, los esquemas se rompen en mil pedazos. Y todo porque la mayoría de estas comenzaron a construirse a mitades de siglo XX, “cuando la regulación urbanística no estaba bien definida y no había planes urbanísticos en muchos sitios”, rememora Barba. A diferencia de hoy día, en que son necesarios múltiples permisos y el proceso para construir –afortunadamente- es más lento, por aquel entonces las cosas eran excesivamente simples: un payés que tuviera un terreno lo vendía o se ponía en contacto con un promotor poco profesional y hacía negocio.

Hay que añadir al cóctel el hecho de que por aquel entonces no había administraciones democráticas y que la regulación urbanística era muy débil. Por eso, muchos promotores se limitaron a construir casas con cuatro calles mal hechas y sin servicios básicos como iluminación, alcantarillado o pavimento, tras lo cual se desentendían. Pasaron los años y nadie se hizo cargo del mantenimiento de unas zonas que, de manera lógica, se iban deteriorando con el paso del tiempo. Y de aquellos lodos estos barros.

Ante esta situación, hace una década el Parlament aprobó la Ley 3/2009, de 10 de marzo, de regularización y mejora de las urbanizaciones con déficits urbanísticos. Una normativa “positiva”, dice Barba, ya que se tuvo la “valentía necesaria” para poner la cuestión de las urbanizaciones sobre la mesa, en la línea de la anterior Ley de Barrios. La norma 3/2009 establecía medidas como reducir las exigencias urbanísticas de estas zonas, pero el cambio de Govern en 2010 –con la llegada de Convergencia i Unió al poder de la mano de Artur Mas- y los achuchones de la crisis fueron la puntilla a una normativa que, de haberse aprobado en otro momento, quizá hubiera ayudado a avanzar.

Un “problema social”
Actualmente encontramos una serie de urbanizaciones deterioradas, sin servicios básicos, con problemas de accesibilidad para la gente mayor que vive en ellas –puesto que la casa que, en un principio, iba a servir de segunda residencia, se acabaría convirtiendo en primera o bien ha sido la salvaguarda de muchas familias que no podían hacer frente a los precios de la vivienda de las ciudades- y sin un promotor profesional detrás para solventarlo. La responsabilidad recae, pues, en los parcelistas, que muy a menudo están a la greña y no se ponen de acuerdo para remar en la misma dirección.

La casuística, no obstante, es muy diversa, puesto que en algunos casos los ayuntamientos se hacen cargo del cuidado –como pueden- de estas zonas, pese a no estar regularizadas. Por todo ello, Barba considera que el problema de las urbanizaciones tiende a agudizarse. “Tenemos un problema social cada vez más grande”, avisa el técnico, que afirma que muchos de estos núcleos aislados y deteriorados sirven como base para llevar a cabo actividades al margen de la legalidad, como tráfico de drogas u ocupaciones.

La seguridad, una derivada compleja
Y es que la seguridad es una de las principales preocupaciones de los vecinos de las urbanizaciones en la comarca. El aislamiento de estos núcleos dispersos son un caldo de cultivo para ladrones y grupos organizados. Preguntado por El Llobregat sobre esta cuestión, el jefe de los Mossos en la Región Metropolitana Sur, Joan Portals, reconoce el inconveniente de su situación apartada, pero asegura que el cuerpo patrulla y tiene presencia en estas zonas a través de operativos conjuntos con las policías locales, desarrollados en puntos estratégicos o en el transporte.

Unos cuerpos de policía local a menudo con pocos efectivos. Este es el caso de Castellví de Rosanes, que cuenta con 2 agentes. “Como son casas aisladas, es más fácil llevar a cabo robos, aunque se ha de decir que los vecinos están muy en alerta”, afirma a esta publicación su alcalde, Joan Carles Almirall, que reconoce que los Mossos hacen una “buena labor” de vigilancia en la zona. Ahora, el municipio está a la espera de instalar cámaras de regulación del tráfico, tras la negativa de Interior a colocar cámaras de video vigilancia.

Esta situación de desamparo y de dificultades a la hora de prestar servicios en áreas de población dispersa es para Antoni Poveda, vicepresidente de Movilidad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), un “drama”. “Muchas personas se instalaron allí hace tiempo, y entonces era bonito”, reconoce, Poveda, que abre una nueva derivada con la movilidad como telón de fondo, ya que sus habitantes hacen un uso más intensivo del coche para sus desplazamientos al no contar con una importante red de transporte público.

“Vulneración del derecho a una vivienda digna”
Quien viene alertando de esta situación desde hace algún tiempo es la Sindicatura de Greuges. En sus informes anuales siempre suele dedicar un espacio a las urbanizaciones con déficits. En 2013, además, elaboró un informe en el que se destaca que las carencias de estas zonas “representan un número elevado de las quejas que recibe la institución en materia de urbanismo” y suponen una “vulneración del derecho a una vivienda digna y adecuada”. Por este motivo, recomendó la creación de un catálogo que recogiera estas urbanizaciones y sus déficits, para así tener una visión general de la problemática que ayudase a buscar soluciones.

Los catálogos existentes
Sus plegarias fueron escuchadas, y en 2015 el departamento de Territori de la Generalitat publicó el catálogo en el que figuran estas urbanizaciones y las carencias que presentan. Se trata de un documento de mucho valor y un punto de partida importante, aunque ofrece datos a menudo incompletos porque utilizaron encuestas para recabar la información, y muchos ayuntamientos no contestaron. Es por ese motivo que la Diputació de Barcelona, con la colaboración del AMB y los diferentes municipios, ha comenzado a catalogar de nuevo las urbanizaciones con déficits urbanísticos en el Baix Llobregat, una herramienta que actualizará la información con la que se cuenta actualmente.

Este catálogo se elaborará a lo largo de este inicio de año y bebe de la experiencia ya completada del Garraf, donde ya se publicó un listado de estas características. No obstante, desde hace un año la Diputación, bajo el liderato político del diputado de Urbanismo, el cervellonense Josep-Ramon Mut –hijo de una población, Cervelló, en la que la problemática de las urbanizaciones se hace patente día a día-, ofrece un programa específico para urbanizaciones con deficiencias urbanísticas –calificadas como UDUs-, para así “canalizar” la demanda que observaban los servicios técnicos de la institución desde hacía años por parte de ayuntamientos interesados en solucionar este problema.

Para este último plan se han presentado 30 propuestas, de las que se han aceptado 10, que son las que se están trabajando ahora mismo. Ninguna de ellas hace referencia a una urbanización del Baix Llobregat. Tan solo una de las 20 que se descartaron es de la comarca, y se trata de Can Vinyals, en Esparreguera, según confirman también desde el ayuntamiento de esa localidad.

Con anterioridad a este plan novedoso, se venía trabajando en diferentes programas de mejora de urbanizaciones con deficiencias en la comarca. En 3 urbanizaciones de Vallirana, la Pinatella, Pla de Pèlag i Penya Forcada, se impulsaron planes de diagnóstico y estrategia

–llamados DIES-, mientras que en otras 3 de Cervelló –Puigmontmany, el Mirador i Interclub-, se está finalizando un informe jurídico sobre las competencias y disolución de las entidades urbanísticas de conservación.

Sea como sea, tanto el programa que se puso en marcha hace un año como estos anteriores no sirven para resolver el problema, reconocen desde la Diputación, ya que se trata de una cuestión que se ha de solucionar en una generación. La voluntad del ente supramunicipal es “avanzar en la resolución del problema y ayudar a los ayuntamientos”, erigiéndose como un “interlocutor con el mundo local” para que se busquen sinergias incluso con otras instituciones como la Agencia Catalana del Agua (ACA) o compañías como Endesa.

“Un coste muy alto”
Por lo general, prosigue Barba, los ayuntamientos de la comarca han hecho muchos esfuerzos para mejorar estas zonas, pero la legislación exige a las urbanizaciones los mismos estándares que a las construcciones en barrios céntricos de una ciudad. De hecho, las urbanizaciones catalanas ocupan como la superficie de todos los núcleos urbanos y áreas industriales y de servicios juntas, aunque tan solo albergan entre el 6 y el 8% de la población. Es por esto que dichos esfuerzos, en ocasiones, no hayan sido muy pronunciados, y se haya preferido mejorar los centros urbanos donde hay más gente empadronada, que es la que finalmente vota, puesto que muchos de los vecinos de las urbanizaciones lo son de fin de semana.

En este sentido, Barba argumenta que un tramo de 100 metros tiene un coste “prácticamente idéntico” al que tendrían estos mismos metros de calle en el centro de una población. ¿La diferencia? Que mientras que en la ciudad se paga entre 200 propietarios, en las urbanizaciones este número se reduce a 20. Por tanto, los servicios básicos son en ocasiones inasumibles para los ayuntamientos y parcelistas.

Esta problemática se da con especial intensidad en Castellví de Rosanes, el municipio más pequeño de la comarca en población. “Nuestros recursos son limitados y nuestro espacio es horizontal, no vertical, y los costes para mantener los kilómetros de calles son elevados”, relata a El Llobregat Almirall, alcalde de la localidad.

Pese a esto, los vecinos de las urbanizaciones reclaman tener los mismos derechos que los que viven en el centro. Hace unos años, residentes de urbanizaciones de la comarca unieron sus voces para reclamar más apoyo por parte de las administraciones, a quienes acusaron de “falta de subvenciones” para “soportar los prejuicios de las cuotas urbanísticas” derivadas del proceso de desarrollo. Y en 2012, en Piera, varias familias residentes en urbanizaciones elevaron al Síndic de Greuges una queja en la que mostraban su disconformidad con el coste del transporte escolar de sus hijos. La sindicatura avisó tanto al Consell Comarcal del Anoia como al Ayuntamiento de Piera que garantizaran los medios para solucionarlo.

Sobre estas cuestiones, Almirall defiende que para discernir si los residentes de las urbanizaciones pagan más o menos en comparación con los servicios que reciben sería necesario elaborar unas balanzas fiscales. El edil detalla que, por ejemplo, el coste de la recogida de residuos y la iluminación es mucho más alto que en el núcleo del pueblo, aunque reconoce que los vecinos de las urbanizaciones pagan más IBI.

Mejoras impulsadas y previstas
Como hemos comentado con anterioridad, la situación no ha variado sustancialmente desde 2015. Muchas de las urbanizaciones que entonces estaban en la lista negra de déficits en la comarca siguen estando, exceptuando algún caso puntual como El Poal, en Castelldefels, que ya está “totalmente regularizada”, según confirman desde el Ayuntamiento. En el caso de Bellamar, todavía está pendiente de resolver las deficiencias en el alcantarillado.

Por su parte, desde Esparreguera comentan que la situación de sus tres urbanizaciones con déficits –Can Rial, Can Vinyals i el Mas d’en Gall- no ha variado desde 2015, aunque destacan que se han aprobado inversiones para mejorar los accesos a el Mas d’en Gall y Can Rial, se ha hecho llegar la fibra óptica y se está trabajando en dos planes directores de iluminación y alcantarillado, que legalizarán la red eléctrica, por una parte, y pondrán fin a los vertidos al medio ambiente, por otra.

Desde Sant Esteve Sesrovires, donde existen cinco urbanizaciones con deficiencias, han pedido a la Dirección General de Infraestructuras de Movilidad la ejecución inmediata de las mejoras en la B-224 para eliminar sus puntos negros en el acceso a la escuela Àgora y a la urbanización Masia Bach, donde se han registrado 135 accidentes en los últimos 5 años. Una derivada, la de la movilidad, que como ya se ha comentado unas líneas más arriba se une a la retahíla de cuestiones y desafíos que representan las urbanizaciones en el Baix Llobregat y toda Cataluña.