¿Hay interés en solucionar las urbanizaciones?

Estas zonas dispersas y generalmente a una distancia considerable de los centros urbanos de los municipios a los que pertenecen, suponen el 8% de la superficie de la comarca, unas 4.000 hectáreas, de las que 2.129 pertenecen a urbanizaciones sin los papeles en regla, lo que supone el 52% de la superficie total. Además, las que no están regularizadas son las más grandes.

¿Y qué supone esto? Kilómetros y kilómetros de calles para asfaltar y alcantarillar debidamente, iluminar y dotar de un sistema de mantenimiento y recogida de residuos muy costoso para los ayuntamientos que las acogen, a menudo en pueblos pequeños con presupuestos modestos. En esta edición El Llobregat analizamos la situación con voces autorizadas en la materia, como el jefe de Urbanismo de la Diputación, Ferran Barba, quien asegura sin tapujos que estamos ante la “gran asignatura pendiente” del urbanismo catalán. Y el Baix Llobregat solo es una porción del mar de déficits de las urbanizaciones catalanas.

Por este motivo, la Diputación impulsó el año pasado un programa para ofrecer servicios a los consistorios que quieran solucionar deficiencias en sus urbanizaciones. Y ahora, un año después, han puesto en marcha una iniciativa para catalogar todas, un primer paso para afrontar una problemática que no solo tiene aristas urbanísticas y económicas, con parcelistas que no se ponen de acuerdo, presupuestos imposibles de asumir o quejas por los impuestos que pagan en comparación a los servicios que reciben. También comporta consecuencias sociales y políticas, en el sentido que mejorar las urbanizaciones no da votos en las municipales, puesto que muchos parcelistas no votan donde tienen la casita.

Alejados y desamparados
Desde hace unos años, la Sindicatura de Greuges alerta de la complicada situación de las urbanizaciones. Deficiencias que para la institución vulneran el derecho a una vivienda digna. Personas mayores que la segunda residencia que hace décadas edificaron, la han convertido en su vivienda habitual y ahora no pueden desplazarse a los centros urbanos por dificultades en la accesibilidad. También son ciudadanos que, ante la subida de precios de la vivienda en las ciudades, no han tenido más remedio que mudarse a la casita en la urbanización.

Se trata de unas zonas en las que, ante el desamparo administrativo, comienzan a proliferar actividades ilícitas, robos y ocupaciones. Sin olvidar, sin embargo, el ingrediente de la tan ibérica picaresca. Al amparo de esa alegalidad de algunas urbanizaciones, muchos parcelistas han hecho ampliaciones o, por encima de todo, piscinas, que han ocultado al fisco. Pero Hacienda está llevando a cabo una intensa búsqueda mediante drones y fotos por satélite. Una labor que ha dado como resultado en el Baix Llobregat una lista de 17.000 inmuebles sin declarar y que ya han sido regularizados, como también informamos en la presente edición. Para solucionar la complicada situación de las urbanizaciones se requiere del compromiso de todos. III