El silencio de los perros

En nuestras ciudades hace años que los perros, sí, ladran, pero normalmente a destiempo. Vamos, que no saben vigilar.

¿Qué ha pasado? Creo que años atrás los urbanitas perdimos la capacidad de adiestrar a los animales.Nuestra incompetencia cambió su función natural. Hemos reconvertido unos buenos vigilantes en meros animales de compañía.

Esta observación les podrá parecer una necedad. Quizá, pero creo que tiene su importancia. No sólo los perros, toda la sociedad moderna tiende a abandonar sus obligaciones «in vigilando».

El Estado, como entidad jurídico-política, se concibió en los albores de las civilizaciones como el instrumento que habría de dar seguridad a sus nacionales. El Estado, dotado de fuerza por los ciudadanos, garantizaba el cumplimiento de las leyes y por lo tanto, el orden, la seguridad física de personas y bienes. Esa es la función inicial, básica, de cualquier Estado.

Singularmente, con posterioridad a la Revolución Francesa, podemos ver como en Occidente los estados multiplicaron sus funciones, se dotaron de administraciones complejas y progresivamente extendieron su ámbito de actuación a otros muchos aspectos de la vida. Desde una progresiva intervención en la economía, hasta las funciones de carácter asistencial. Evolución que aplaudo, pues la existencia de un Estado moderno explica en gran medida el bienestar de las sociedades desarrolladas.

Cosa diferente es que colectivamente nos olvidemos de que garantizar la seguridad de los ciudadanos es la primera de las obligaciones que tiene el Estado. Y aquí, algo viene fallando.

¿Es un problema de recursos? Por ejemplo, cuando un ayuntamiento del área metropolitana decide construir un nuevo polideportivo, mientras mantiene congelada la plantilla de policía municipal, ¿toma una decisión equivocada? Dicho de otra manera, los ciudadanos ¿tenemos un nivel de seguridad razonable o simplemente son los medios de comunicación quienes crean una apariencia de inseguridad?

No lo sé. Lo que sí sé es que cuando un delincuente entra en una casa ajena donde duerme una familia, el Estado ha incumplido con esos ciudadanos; ha relegado la defensa de esa familia a la fuerza de sus integrantes. Para los asaltados no se ha cumplido el contrato social. Y cuando eso pasa, ¿qué fuerza moral tiene el Estado para enjuiciar si la fuerza que aplicaron las víctimas en su defensa fue la justa o se excedieron? Ante la sorpresa de un asalto, ¿cómo se puede pedir a la víctimas que calibren si los medios que utilizan en su defensa fueron excesivos o no?

Con lo dicho quiero señalar que la falta de una respuesta suficiente del Estado en materia de seguridad ciudadana, lleva irremediablemente a cualquier sociedad a plantear soluciones individualistas como la italiana: la aprobación de una ley que eliminó del marco penal el concepto de «exceso en la defensa». Ley calificada por la izquierda parlamentaria como la ley FarWest.

Si no queremos entrar en ese debate, incrementemos la seguridad.