Poveda vuelve a alertar del “error” que supondría eliminar el peaje de Martorell

Ante los nuevos peajes metropolitanos existe la cuestión del fin de las concesiones de los peajes tradicionales. Así lo ha vuelto a explicar Antonio Poveda, vicepresidente de Movilidad y Transporte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) además de alcalde de Sant Joan Despí, tras la cumbre anticontaminación del Ámbito-40. Sin embargo, Poveda ya alertó del fin de las concesiones del Ministerio de Fomento de los peajes como el de la AP-7 en Martorell durante el Ciclo de Infraestructuras de 2017, organizado por El Llobregat y Bcn Content Factory.

El vicepresidente del AMB aseguró en 2017 que “es un error eliminar los peajes del entorno de Barcelona, tal y como plantea la Generalitat a partir de 2021, puesto que puede derivar en un incremento importante de vehículos” en los accesos de la capital catalana. “En todo caso, este dinero se tendría que destinar a la mejora del transporte público y no a las concesionarias”, sentenció durante el Ciclo de Infraestructuras de hacer apenas dos años.

Ahora, tras la cumbre anticontaminación, Poveda vuelve a plantearse el problema del fin de la concesión dentro de dos años de peajes como el de Martorell. Especialmente, después de posible entrada en vigor en los próximos años de una “Euroviñeta” o peaje indirecto de entrada a Barcelona y el Área Metropolitana. El AMB propone reconvertir los peajes existentes en peajes de congestión y crear una empresa pública que los gestiones una vez finalicen las concesiones a partir de 2021. De esta forma, los peajes se mantendrían, pero con el cobro de una tasa impositiva pública al ciudadano como se quiere realizar en las grandes ciudades del Baix Llobregat junto a Barcelona con la famosa Euroviñeta.

Según explican desde el AMB, el objetivo será dedicar los recursos obtenidos para financiar el transporte público, la red de bicicletas y alternativas de movilidad sostenible. Por último, el organismo metropolitano propone estudiar la implantación de nuevos peajes de congestión en las vías de alta capacidad de acceso a la conurbación barcelonesa. Concretamente, en la A-2, la C-58 y la C-17, gestionados todos ellos, por supuesto, por una empresa pública.