Al Partido Socialista se le presuponen las políticas sociales como al soldado el valor. Desde luego, en sus discursos están apelando constantemente a la justicia social y demás proclamas grandilocuentes, pero las políticas sociales no son las que se verbalizan sino las que se aplican.
A la hora de la gestión, de la aplicación de políticas concretas, se limitan a vivir de la fama. Eso lo vimos, por ejemplo, en la desastrosa gestión de la Junta de Andalucía, donde, por ejemplo, Susana Díaz dejó sin gastar 75 de cada 100 euros para la protección de víctimas de la violencia de género u ocultó a medio millón de pacientes en lista de espera, por no hablar del uso criminal de los fondos para los parados realizado por el PSOE.
Este tipo de actitudes la vemos en general allá donde gobierna el partido socialista. En L’Hospitalet de Llobregat, por ejemplo, donde lleva el PSC gobernando más de 40 años, las actitudes son muy similares. Los presupuestos son una ficción que no representa la verdadera previsión de gasto y, a la hora de la verdad, escatima en políticas sociales.
Es frecuente ver cómo deniega recursos a proyectos sociales, como ayudas para personas con parálisis cerebral, centros abiertos para niños y adolescentes en riesgo de exclusión social, programas de acompañamiento a personas mayores que sufren soledad o aislamiento social, fomento a la economía social para la inclusión laboral de personas con discapacidad y un largo etcétera mientras se dedican abundantes recursos a la promoción mediática de la alcaldesa o se subvenciona generosamente actividades con un interés general mucho más discutible pero que le pueden brindar un buen puñado de votos al partido socialista. Y esa es la triste realidad del partido socialista: mientras se vende como el partido de las políticas sociales, lo que mejor le define es como el partido de las prácticas clientelares.
El caso de los ERE es su manifestación más visible, pero el Partido Socialista fomenta el clientelismo de múltiples formas: alentando entidades dirigidas por personas afines, comprar voluntades con dinero público y, en definitiva, estar más pendiente de calcular los votos que de aplicar las políticas a largo plazo más beneficiosas para el interés general.
Su principal objetivo no es llevar a cabo un programa político, sino gobernar a toda costa porque entienden la política como un mero modo de vida y no un medio para cambiar la sociedad.
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