La mayoría de las denuncias a conductores de vehículos de movilidad personal (MVP) el mes pasado fueron por conducir en zonas de peatones, por no respetar los semáforos, circular de forma negligente, transportar un segundo pasajero y usar auriculares. Las multas oscilan entre los 80 y los 1.000 euros, según la gravedad.
Los agentes de la Guardia Urbana de L’Hospitalet han impuesto un total de 212 sanciones durante la campaña de control de circulación de patinetes eléctricos puesta en marcha durante el pasado mes de febrero. La campaña se ha llevado al cabo en todos los distritos de la ciudad. Durante el año 2020, los agentes municipales formularon 750 denuncias a Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y se dio inicio a las campañas y controles específicos se centran en los puntos de la ciudad con mayor afluencia ciudadana y que continúan este año.
La mayoría de las multas impuestas en febrero –que van de los 80 a los 1.000 euros según la gravedad de la infracción- han sido por circular por zonas peatonales (95), no respetar el semáforo rojo (38), conducir de forma negligente (21), transportar pasajeros en el vehículo (21) y por utilizar los auriculares mientras se conduce (17). Entre las sanciones más graves, destacan las multas impuestas por circular con el patinete en dirección prohibida, por no respetar la distancia de seguridad necesaria con el resto de vehículos en la calzada, conducir utilizando el móvil o hacerlo bajo los efectos del alcohol o después de haber consumido drogas.
El pasado 2 de enero entró en vigor una modificación reglamentaria que unifica los mismos criterios y leyes de todos los municipios de España en relación con los MVP. Entre las limitaciones sobresalen que se debe circular a una velocidad de entre 6 y 25 km/h, y está prohibido circular por las zonas peatonales y aceras, vías interurbanas, travesías, túneles urbanos, autopistas y autovías. También se prohíbe taxativamente el uso del móvil y de auriculares, llevar un segundo pasajero y también, igual que sucede con el resto de conductores, están obligados a pasar por controles de alcoholemia y drogas, y a ser sancionados si se detecta la presencia de alcohol o estupefacientes en el organismo.