Una ampliación necesaria pero sin flecos

Es cierto que, de entrada, la llegada de la infraestructura podría parecer impopular y un golpe ambiental, visual o acústico para el territorio, pero acarrearía tantos ingresos y beneficios a la economía local en general (y a las arcas municipales en particular), que el dulce no le amargaría a nadie, como dice el dicho. El aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona-El Prat no es la excepción. El municipio pratense es a la vez el gran afectado y el gran beneficiado por la actividad aeroportuaria, como mínimo percibe entre 25 y 30 millones de euros anuales solo en concepto de IBI. Algo de lo que carecen sus vecinos -Viladecans, Gavà, Castelldefels o Sant Boi- que también sufren las secuelas negativas de la infraestructura, pero sin percibir ni un euro.

Así, el crecimiento del aeropuerto de Barcelona siempre acaba revirtiendo en El Prat. Y más, si viene con una inversión garantizada de 1.700 millones de euros en el bolsillo, como la ampliación que se está debatiendo estos días, que conlleva alargar 500 metros la pista más próxima al mar y construir una nueva terminal satélite para vuelos intercontinentales. Parafraseando al expresident de la Generalitat socialista, Pasqual Maragall, “aquello que es bueno para el aeropuerto barcelonés, es bueno para Cataluña. Y aquello que es bueno para Cataluña es bueno para España”.

Algo similar -aunque en orden inverso de factores- ocurre con la propuesta de ampliación del Josep Tarradellas. España, Cataluña y el área metropolitana de Barcelona la necesitan. Y debería haber un consenso unánime en ello, más allá de ideologías y de siglas. Acuerdos –como el alcanzado hace solo un mes por el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña- pero firmes, en lugar de dimes y diretes, de cruces de declaraciones más de cara a la galería o para marcar perfil que otra cosa. No vale enarbolar banderas innecesarias, enrocarse en posiciones injustificadas o utilizar con fines electoralistas un eventual apoyo o rechazo al proyecto.

Sí. La ampliación de El Prat es necesaria para garantizar su futuro (antes del frenazo de la pandemia estaba a punto de alcanzar su operatividad máxima), es imprescindible para convertirlo en un hub, una condición básica para que siga pintando algo en el panorama internacional. Por eso, el proyecto debe estar refrendado por todos hasta el último renglón, sin dejar en el aire ningún fleco. O la Unión Europea no dará luz verde.

Eso sí. La ampliación no puede hacerse a cualquier precio. Debe garantizarse que su impacto medioambiental será el mínimo y se compensará con creces, aunque deba sacrificarse la laguna protegida de La Ricarda. Existen fórmulas para hacerlo y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dado su palabra que será así. También lo han hecho el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró (quien aboga por convertir El Prat en “el aeropuerto más verde de Europa”) y la portavoz del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, garante de “la sostenibilidad medioambiental como la que requieren las normas europeas”.

Hay una fecha límite: el día 30 de este mes de septiembre. Es cuando, ineludiblemente, se elevará al Consejo de ministros el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), la lista de los proyectos que se acometerán en los próximos años. Y ahí tiene que estar El Prat. O adiós al sueño de ser un hub intercontinental.

Ya no caben las medias tintas, ni el doble juego ni tener al enemigo en casa, ese que habla de “traición” o de “líneas rojas” sin mirar más allá. No hace falta señalar a nadie. Hay que estar por encima de personalismos. No val a badar. A ningún partido de gobierno –autonómico o estatal- debería temblarle el pulso a la hora de rubricar un pacto que garantice la unidad que reclama Europa para avalar el proyecto, algo que los más agoreros ven imposible. Está en juego el futuro del aeropuerto de Barcelona y el de todo el territorio. Este inicio de curso, más que nunca, se impone la responsabilidad. III