No puede ser que se trate a los usuarios de este vasto territorio “como a ciudadanos de tercera”, tal y como acertadamente denuncia la Plataforma por un servicio digno de bus en el Baix Llobregat en el extenso y minucioso reportaje que abre esta edición de El Llobregat.
Desde que la compañía Avanza se hizo con la concesión del servicio (antes en manos de Mohn), la situación ha ido pronunciadamente a la baja, como también fue a la baja la oferta con la que el holding del transporte español (en manos del grupo mexicano ADO desde 2013) logró el espaldarazo metropolitano en julio de 2021. Hay quien intuye una correlación entre el montante que la empresa presupuestó al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) por hacerse cargo de las líneas de la comarca -unos 250 millones de euros por los seis primeros años y otros tantos si se ejecuta la prórroga de un cuatrienio adicional- y el derrumbe de la calidad del servicio. Pero es un extremo que no ha podido demostrarse. Por el contrario, Avanza atribuyó, de entrada, los innumerables problemas que aquejan a la red desde que se hizo efectivo el relevo de compañías en diciembre de 2021 a un déficit endémico de mantenimiento de la flota atribuible a la anterior concesionaria, que tampoco se ha avalado con pruebas.
Pero ese no es el quid de la cuestión, ese es un interrogante que deberán resolver los técnicos y los políticos cuando se adentren en busca de responsabilidades. Porque no se trata de que la pelota vaya pasando de un tejado al otro sin que nada se resuelva, entre dimes y diretes. Lo deleznable es que -pese a las incontables quejas y protestas de los usuarios- las deficiencias y las averías en los vehículos (muchos sin aire acondicionado en un verano con olas de calor históricas), los retrasos y las cancelaciones de expediciones sean el pan de cada día ocho meses después y sin que se atisbe un horizonte de clara mejora.
Es cierto que Avanza ha pedido públicamente “disculpas”, aunque poco es lo que ha desvelado sobre la raíz del problema. Esa cojera en el argumentario se ha suplido con promesas que está por ver si se cumplirán o serán un brindis al sol. En julio, la compañía anunció un paquete de medidas extraordinarias (a ejecutar hasta final de año) para aliviar la degradación de la flota del Baix Llobregat sur, como el refuerzo de los talleres, la renovación de los equipos de aire acondicionado de los autobuses o buscar la implicación servicio postventa de las marcas para acelerar las reparaciones y la puesta a punto de los vehículos.
También el AMB se ha comprometido a tomar cartas en el asunto y tiene la intención de incorporar 30 nuevos buses a las rutas afectadas antes de diciembre. Pero esta es una iniciativa que, aunque loable, no acaban de creerse los afectados, quienes no creen viable esta renovación de la flota hasta dentro de un año, por una cuestión de plazos.
Sea como resulte siendo, la realidad cotidiana está destapando que o las buenas intenciones de compañía y autoridad metropolitana no han cristalizado, o las mejoras son tan leves (y las deficiencias tan graves) que apenas se perciben por parte de los viajeros, como reconocen los responsables municipales en declaraciones a esta publicación. Lo veraz, y comprobable, es que el panorama no ha dado el giro exigido y los damnificados ya preparan nuevas movilizaciones y nuevas protestas, que se prolongarán hasta que se dé respuesta a lo que consideran “una justa reivindicación”: que Sant Boi, Viladecans, Gavà y Castelldefels tengan un servicio de autobuses “digno”.
No puede olvidarse que Avanza está obligada por contrato a incorporar al servicio 136 nuevos autobuses eléctricos, híbridos e híbridos enchufables y que esta exigencia es irrenunciable. Como también lo es que la administración metropolitana no aparque el problema hasta que el tiempo lo solucione y continúe con las sanciones a la compañía adjudicataria si los vehículos no cumplen con los requisitos de calidad exigidos, si los retrasos en las líneas son inexcusables o si se demuestra que está incumpliendo con sus obligaciones contractuales. De lo contrario, será la propia ciudadanía la que le exigirá que rinda cuentas. Y es que las promesas están para cumplirse, no para almacenaje en el baúl de los recuerdos hasta que soplen vientos mejores. O se acerquen las elecciones.
Si (
No(
