El proyecto de ampliación de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en el Delta del Llobregat redactado por el Govern de la Generalitat no puede seguir adelante porque supone "una seria amenaza" para la agricultura del Parc Agrari del Baix Llobregat y, por ende, para la economía comarcal. Por este motivo, los ayuntamientos de Viladecans, Sant Boi y Gavà han exigido este viernes “la suspensión de la tramitación del acuerdo” que da luz verde al proyecto. Los tres municipios también han presentado una batería de alegaciones con vistas a preservar la actividad agrícola de una zona que supone el 70% de la huerta del Delta del Llobregat y que representa casi una tercera parte (30%) de toda la superficie hortícola de Cataluña.
Los municipios reclaman que antes de desplazar los límites de la ZEPA se desarrolle la planificación pendiente del conjunto de los espacios naturales actualmente incluidos en la Red Natura 2000, "de forma inmediata y con carácter previo a ninguna ampliación de la ZEPA". Una vez suspendida la tramitación del plan, llegaría el momento de que el Govern, las administraciones locales y los agentes implicados se pongan a trabajar de forma conjunta con el fin de que se reviertan los incumplimientos denunciados desde Europa, pero “garantizando la pervivencia de la actividad agrícola y su convivencia equilibrada” con las ZEPA.
La alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, ha criticado la “unilateralidad” del gobierno autonómico, que “ha tomado decisiones sin preguntar a los agentes implicados”. Además, Badia se ha mostrado sorprendida porque se haya optado por ampliar las ZEPA “sin haber puesto orden en la gestión de los espacios naturales y sin haberlos dotado de la inversión que requieren”. Por este motivo, los alcaldes han exigido también que se garantice un plan de inversiones acorde “con las necesidades” de la zona y un modelo de gestión “coordinado con el territorio”.
Con base científica
Los tres municipios han propuesto una revisión de la propuesta basada en “estudios científicos solventes y contrastados que valoren y analicen la situación de deterioro de los hábitats y la biodiversidad, y las causas que lo han provocado”. El alcalde de Viladecans, Carles Ruíz, ha incidido en que hasta ahora han pesado más sobre la gestión de los espacios naturales los criterios “políticos” en detrimento de los “técnicos, científicos y estratégicos”.
Para los alcaldes, este análisis científico de la propuesta debe completarse con “una evaluación exhaustiva de las afectaciones sobre los espacios agrarios”, que fije indemnizaciones para los agricultores afectados. También han dejado claro que no se trata de elegir entre zonas naturales o agrícolas porque “la protección de los espacios naturales no es incompatible con la actividad agraria. Al contrario, los payeses son los primeros interesados en proteger el territorio”, ha subrayado la alcaldesa de Sant Boi, Lluïsa Moret.
Lealtad unidireccional
Los primeros ediles de los tres municipios también han criticado que toda la tramitación del proyecto de ampliación se haya realizado de espaldas al territorio y que la invitación al diálogo lanzada en julio por la titular de la Conselleria d’Acció Climàtica de la Generalitat, Teresa Jordà, no fuera más que palabrería, porque días después se hizo público el proyecto. “Los alcaldes hemos mantenido en todo momento la lealtad institucional, pero ha sido unidireccional”, porque el Govern no ha hecho lo propio, ha criticado Badia.
En el año 2013 la Comisión Europea ya puso de manifiesto la pérdida de biodiversidad en los espacios protegidos del Delta del Llobregat, pero desde entonces, la Generalitat de Cataluña –única administración con competencias sobre la reserva natural- no ha movido ficha ni invertido en la zona. Con esta actitud, el Govern “ha puesto en riesgo el patrimonio natural colectivo, haciendo dejación de sus obligaciones y responsabilidades”, han destapado los alcaldes.
Petición justa
Los riesgos que corre el sector agrícola del Baix por la ampliación de las ZEPA no son una invención. El 50% de los cultivos de Sant Boi (en especial, los más fértiles, estratégicos y productivos”, ha asegurado Moret) y el 30% de los de Gavà y Viladecans quedarán dentro de la reserva natural si no se suspende el proyecto. “La experiencia demuestra que cuando se señala un espacio como protegido, este en este e incluso su zona perimetral se limita la actividad en ese ámbito”, ha recordado Carles Ruiz. Por eso, “lo que se pide es justo”, ha recalcado Gemma Badia.
Tanto es así que, por primera vez desde la instauración de la democracia, el sector agrícola del Baix Llobregat se ha puesto de acuerdo y “todos están en contra del proyecto, es la prueba de que la agricultura está realmente en peligro”, ha insistido el alcalde de Viladecans. Ruiz ha agregado que la ampliación de la ZEPA también hipoteca el futuro del hub agroalimentario que impulsan los tres municipios e incluso que la agricultura se expanda, con la reprogramación de terrenos urbanizables (para que dejen de serlo) que está en marcha.
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