La justicia ha dado la razón a Albert Comellas, el que fue cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Esplugues por el PDeCAT en 2017. Comellas descubrió que su partido pretendía destinar fondos municipales a la campaña electoral y al destapar el caso fue expulsado de la formación, en lugar de escuchado. Tras su cese fulminante, el exedil denunció a los siete miembros del comité local del PDeCAT (Pere Clota Quesada, Josep Benedico Caila, Pedro Rodríguez Silva, Lidia Morena Culebras, Mireia Alabart Abós, Carles Coloma Collada y Cristina Castejón Lasierra) que acaban de ser condenados por los delitos de coacciones y proposición para la malversación de caudales públicos.
Casi cinco años después, un juzgado penal de Barcelona ha condenado a los siete encausados a tres meses de prisión y a otros tantos meses de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo y para el empleo o cargo público en la administración local por elección y a pagar sendas multas de 22 días con una cuota diaria de 8 euros. Además, entre los siete deberán indemnizar “conjunta y solidariamente” una indemnización de 4.000 euros (más los consiguientes intereses legales) a Comellas “por los daños morales ocasionados” en concepto de responsabilidad civil.
Los hechos juzgados se remontan a febrero de 2017, cuando Albert Comellas se negó a "financiar ilegalmente el PDeCAT", como el mismo denunció. La cúpula del partido le pidió acceso a la cuenta corriente del grupo municipal en el Ayuntaniento de Esplugues "con el objetivo de desviarlos para los futuros gastos electorales del PDeCAT", algo que está completamente prohibido (y penado) por la ley, pues los partidos políticos solo pueden utilizar su asignación del presupuesto municipal para gastos derivados del funcionamiento del grupo municipal y, por lo tanto, no puede destinarse a nada ajeno funcionamiento de este, como por ejemplo una campaña electoral.
Acceder o denunciar
Cuando Comellas denunció los hechos ante su partido fue instado a desdecirse de sus acusaciones (y acceder a las pretensiones del PDeCAT) o a no aceptarlas y, en consecuencia, ser expulsado del partido, renunciando a su acto de concejal y a su cargo público. El cuarto teniente de alcalde optó por recurrir a la justicia y a la Fiscalía Anticorrupción e informó a la Oficina Antifrau de Catalunya. Y lo hizo por convicción y porque de lo contrario se habría convertido “en encubridor del delito”, según el mismo ha reconocido, pues ocultarlo atentaba contra el Código de Buen Gobierno y Transparencia del Ayuntamiento de Esplugues y del propio PDeCAT pues el dinero público de un consistorio no puede utilizarse con fines electorales.
Según relató en su querella criminal, los dirigentes locales de la formación nacionalista también le pidieron que cometiera otra "ilegalidad": la de contratar a un becario de comunicación del partido como asesor municipal de industria, "con el fin de que fuera el Ayuntamiento de Esplugues el que corriera con los gastos del salario en lugar del partido", algo a lo que también se negó.
Desprotección jurídica
La denuncia de Comellas marcó un hito porque fue pionero denunciar "la desprotección jurídica" de los cargos electos ante la presión de sus propios partidos cuando sus cúpulas les piden cometer irregularidades en beneficio de las siglas. Ahora espera que la sentencia de su caso siente jurisprudencia y, a partir de ahora, sea más fácil denunciar a los partidos “cuando presionen a sus cargos electos para cometer este tipo de ilegalidades”, porque es un delito, ha indicado.
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