La verdad detrás del colapso perpetuo en la sanidad pública española: quién tiene la culpa

Ya ha pasado más de una década de la imposición los manoseados recortes de Artur Mas -que todo el mundo se apresura en apuntar, a la mínima de cambio, que son los que están detrás de la crisis inherente a la sanidad publica en el Baix Llobregat y L’Hospitalet - pero la situación no tiene visos de mejorar. El sistema sigue afectado por una permanente epidemia que se hace todavía más evidente cuando llega el invierno y las gripes y resfriados de toda la vida (a los que ahora se suman las rémoras del mortífero Covid-19) vuelven a colapsar hospitales y ambulatorios para sorpresa (parece) de las autoridades sanitarias competentes.

Este año la situación ha sido tan escandalosa que hasta se ha vuelto a la coercitiva obligatoriedad de llevar mascarilla en los centros sanitarios, una medida tan controvertida como su discutible efectividad, que se ha tomado tarde y mal desde el Ministerio de Sanidad. Tal vez haya sido por que su titular (Mónica García) pese a ser alertada de la gravedad de la situación en algunos puntos, no quiso suspender sus vacaciones navideñas en lo peor del repunte de contagios y de saturación de las urgencias, como suele hacer o como debería hacer un político del ramo que se precie. Y cuando se reincorporó a su puesto de trabajo, ya bien entrado enero, la triple infección vírica estaba desatada. La situación es tan kafkiana que se anunciaron vacunaciones masivas (incluso sin cita previa) y se conminó a la población a dejarse inyectar, pero alguien se olvidó de mandar más vacunas a los dispensarios.

A esta falta de gobernanza hay que añadir el uso político que se le da a la sanidad y que en lugar de resolver los problemas de fondo los enquista y los convierte en arma arrojadiza. Aunque según el territorio, los buenos y los malos de la película no son los mismos. Llama la atención la poca cobertura mediática que ha tenido en los medios catalanes la huelga indefinida de enfermeras y técnicos, mientras que la huelga de médicos de hace un año en Madrid abrió portadas, telediarios y boletines informativos durante tres meses, quien sabe si para desgastar a la presidenta de la comunidad ,Isabel Diaz Ayuso, quien sigue presumiendo de un informe de la Unión Europea “que sitúa a la sanidad de Madrid como la mejor” de toda España. Sorprende también que a las manifestaciones contra Ayuso se sumaron representantes de fuerzas políticas y personajes públicos que no han hecho lo propio (no han asomado ni la nariz) en Barcelona cuando el personal de enfermería ha salido a la calle a reivindicar sus derechos laborales y denunciar las sobrecargas de trabajo.

Profesionalidad y falta de inversión

La suerte para los pacientes pacientes del sistema sanitario es que el personal sanitario cubre con su profesionalidad todas estas carencias y la constante falta de inversión en el sector, pues el dinero siempre acaba destinándose a otros propósitos más ideológicos. Porque sí, siguen los recortes (ahora en la modalidad de encubiertos). O cómo puede calificarse si no la reciente decisión del Servei Català de la Salut (CatSalut) que va a borrar de un plumazo los pediatras del 80% de los centros de salud catalanes en un año, por citar un ejemplo. La medida suena a contradictoria, pues chirría que el problema estructural de la pediatría y la falta de profesionales dé un vuelco con una andanada a la línea de flotación de la calidad asistencial y los derechos de los usuarios. Así las cosas: ¿Está tan mal la sanidad pública cómo parece? ¿Quién tiene la culpa? ¿Se están tomando las medidas adecuadas? ¿Se respetan los derechos laborales de los profesionales y el derecho de los usuarios a la calidad asistencial? ¿Mascarilla sí, mascarilla no? El debate está servido. III