El Institut Agrícola Català de Sant Isidre, representante de buen parte de los payeses del Baix Llobregat, ha exigido este miércoles –en pleno auge de las tractoradas y las protestas del campesinado español- que se abra una puerta a la negociación y el diálogo porque la solución a los “graves problemas de base” que sufre el sector primario en todo el territorio “no llegará sólo saliendo con los tractores a la calle”. La patronal agraria ha abogado porque se haga “entender a los legisladores”, mediante el diálogo transversal, que las instituciones “deben hacer suyos los problemas del sector empresarial agroalimentario” y ponerse a trabajar en esa dirección, porque hasta el momento han ido a la suya mientras el sector les dejaba hacer.
Por el contrario, la patronal agraria lamenta que algunas de las reivindicaciones que están detrás de las tractoradas de esta semana, como la que ha tomado este miércoles Barcelona, “no son ejecutables a corto plazo”, son inviables debido a que en menos de cinco meses hay elecciones europeas. Por lo tanto, al parecer de los payeses del territorio sería mejor reclamar otro tipo de medidas más viables como “la reducción de la fiscalidad patrimonial, favorecer realmente el relevo generacional de las explotaciones, eliminar restricciones para el comercio de determinados productos que tienen difícil salida o apoyar las negociaciones de tratados comerciales con estados de fuera de la UE que impliquen un trato equilibrado entre la producción europea y la de terceros países.
Crítico con las políticas ambientales
No obstante, el Institut Agrícola se ha mostrado muy crítico con las actuales políticas medioambientales de la Unión Europea (UE), vinculadas a la Agenda 2030, por sus graves repercusiones para el sector empresarial agroalimentario e incluso para el resto de la sociedad que podría ver peligrar “su acceso a alimentos suficientes, asequibles, de calidad y precios razonables”, han remarcado desde la patronal agraria.
En concreto, mediante un comunicado se ha cargado contra las normativas europeas en materia fitosanitaria, medioambiental, laboral o fiscal “que inciden negativamente en la supervivencia de las explotaciones y multiplican los costes”, porque permiten la entrada en el espacio comunitario de productos de terceros países “que no que no cumplen con la misma normativa que los europeos y, por tanto, ejercen competencia desleal”.
Modelo equivocado desde el principio
Los agricultores del Baix denuncian que el actual modelo económico “está equivocado de principio a fin”, porque “no se sostiene” que siga girando en torno a las actuales y múltiples ayudas directas (que rebajan los precios en origen) y a la imposición y la defensa de una agricultura “imprevisible” –porque prohíbe el uso productos químicos y fertilizantes, vitales para el control de enfermedades de los cultivos)- y a la vez “utópica” que impone el modelo aun agricultor “que no puede diversificar o incluso compaginar su actividad agraria con otra”, han señalado.
El Institut Agrícola Sant Isidre lamenta que en estos últimos años no se haya negociado un modelo productivo para la agricultura “sólido y que generase certeza en el suministro de alimentos y que pusiera a cualquier empresario agrario al nivel de los del resto de sectores económicos, que ponga en valor su producto y su trabajo”, ha añadido. Todo esto, unido a la aprobación de estrategias normativas “deficientes”, según los payeses, como "Del campo a la mesa", de Biodiversidad, Forestales o la Ley de Restauración de la Naturaleza, ha provocado un peligroso “incremento de la dependencia de productos no comunitarios, más baratos, pero menos seguros, al no ser sometidos a los mismos controles”, han subrayado desde el Institut.
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