El Área Metropolitana de Barcelona ha lanzado una convocatoria para la entrega de licencias de motos eléctricas compartidas. Se desplegarán 10.000 vehículos en ocho municipios, con L'Hospitalet como el principal punto de concentración. Las licencias tendrán una duración de dos años y se requerirá el cumplimiento de criterios medioambientales. Se espera que el servicio comience en otoño de 2024.
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha publicado este martes 21 de mayo la convocatoria para la entrega de licencias para la implantación del servicio de motos eléctricas de uso compartido. En total, desplegará 10.000 vehículos por el territorio, en un total de ocho municipios. El plazo de solicitudes esta abierto desde el 22 de mayo hasta el 11 de junio de este año.
El AMB habilitará este servicio en L’Hospitalet, que concentrará el 10,75 % de los vehículos, y en tres municipios del Baix Llobregat, Esplugues (1,56 %), Sant Feliu (0,78 %) y Sant Just Desvern (0,68 %). La puesta en marcha se prevé para el otoño del 2024.
Dentro de este ámbito, la convocatoria prevé una zona de cobertura mínima, en la cual las empresas tienen que dar servicio obligatoriamente. También se han previsto ámbitos con restricciones, donde podrán estacionar bajo determinadas condiciones; y ámbitos de prohibición, donde no podrán estacionar, que a menudo ya recogen las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento.
Las licencias tendrán una vigencia de dos años
Las licencias otorgadas estarán sujetas a una tasa del AMB para la gestión anual de la licencia (45 €/por vehículo al año) y a las tasas para el aprovechamiento especial del espacio público de cada municipio, según las ordenanzas municipales correspondientes.
Las licencias tendrán una vigencia de dos años, prorrogables por un periodo máximo de dos años más. El AMB revisará periódicamente el número de vehículos asociados a cada licencia. Cada operador tendrá que gestionar, como mínimo, 1.250 motos.
Requisitos del AMB para el servicio de motos compartidas
El AMB ha exigido en la convocatoria el cumplimiento de varios criterios medioambientales, para asegurar una movilidad limpia y sostenible. Las flotas deben ser 100% eléctricas y tener el distintivo ambiental de cero emisiones de la DGT. Además, las empresas operadoras de los vehículos deben comprometerse a elaborar un informe anual sobre la huella de carbono de sus vehículos, así como cumplir la normativa vigente en materia ambiental y de gestión de residuos.
Este nuevo servicio de motos compartidas ha requerido, además, la creación de una Mesa Metropolitana de la Moto Eléctrica Compartida, con casi 60 entidades y 90 participantes. Este grupo de trabajo ha analizado durante los últimos meses la viabilidad de este nuevo servicio, para asegurar una gestión óptima de las licencias de movilidad compartida en el ámbito metropolitano.
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